Iniciada
una campaña de recogida de firmas para evitar la pérdida de este derecho

Nada ni nadie se libra de
las tijeras del PP. Ni la sanidad, ni los hospitales, ni los centros de especialidades
o de atención primaria; ni mucho menos los y las trabajadores que pertenecemos
al SERMAS (Servicio Madrileño de Salud).

El Hospital de La
Princesa no está siendo una excepción. A las medidas generales que conocemos
—aprobación del Real Decreto por el que se deja sin tarjeta sanitaria a
inmigrantes y otros colectivos, medicamentazo, aumento de la jornada
laboral a 37 horas y media semanales, eliminación de la paga extraordinaria de
diciembre, privatización de las 26 categorías profesionales no sanitarias,
reducción de las plantillas…— habría que sumar las medidas que cada Gerencia
está aplicando por su cuenta.

En el Hospital de La
Princesa, en marzo, no se renovaron 56 contratos eventuales pertenecientes a
personal sanitario y no sanitario (ahondando en la escasez de recursos humanos,
como diariamente nos recuerdan muchos pacientes). No se están cubriendo apenas
las bajas y se están amortizando las plazas de las personas jubiladas. Otro
tanto pasa con el personal de las cocinas: con la aprobación de la ley de
presupuestos de la Comunidad de Madrid de este año, pueden verse en la calle si las empresas
privadas se hacen cargo de ellas, lo que llevaría a un deterioro del servicio y
a un futuro copago.

Este verano hemos vivido una
sospechosa reducción de camas hospitalarias (no cubriendo ni el 30% de la
capacidad total). Resulta extraño que, aun siendo período vacacional, se estén
atendiendo menos de 200 pacientes. Todo esto concuerda con datos de otros
hospitales. Parece más que evidente que la Consejería de Sanidad del PP está interesada en traspasar recursos públicos a la
privada. Los casos más sangrantes son los hospitales públicos de Alcalá de Henares o
Móstoles, que se desmontan poco a poco para trasvasar la población atendida hacia
los privados de Torrejón o del mismo Móstoles.

Volviendo a La Princesa: estamos
viviendo un caso muy similar, aunque sea a una escala menor: la unidad de
cirugía cardiaca y cardiología.

Existen conversaciones en curso para
trasladar la cirugía cardiaca de La Princesa al Hospital Clínico o al Gregorio
Marañón. Esto supondría un golpe mortal al Hospital de La Princesa: a los
pacientes, usuarios y profesionales. Un distrito con gente de avanzada edad se
vería privado de una unidad de intervención tan esencial como la cirugía
cardiaca y la hemodinámica. También afectaría a otros, de rebote, como
anestesia, cuidados intensivos, cirugías torácicas, vascular o medicina
interna.

En segundo lugar, ello significaría
una reducción de presupuesto y camas hospitalarias (si no se opera, ¿para qué
una unidad coronaria o post-operatoria?), con la consiguiente reducción de
plantillas: diáspora de profesionales y despidos a los eventuales.

Nada de esto está justificado. ¿Por
qué se quiere desmantelar una unidad que está funcionando perfectamente, que
tiene un balance objetivo incuestionable, que cumple una función social básica
y que tanto sus programas como sus actividades han sido punteros en el sector?

Detrás de este traslado pueden
esconderse todo tipo de intereses privados o particulares, pero, sobre todo, en
ningún momento se está priorizando la salud de la población, y más
específicamente, la del distrito de Salamanca.

Jesús
Jaén

(miembro
de la Coordinadora de
Hospitales y Centros Sanitarios)

Recogida de firmas

Para
evitar que todo esto se lleve a efecto, estamos iniciando una campaña de
recogida de firmas y esperamos el apoyo de los usuarios y vecinos del barrio,
en particular la gente que se verá afectada por esta decisión. La movilización
unida de trabajadores y usuarios es vital. La defensa de una sanidad pública,
universal y de calidad es un derecho y no podemos perderlo.