Según los datos de la Encuesta EINSFOESSA 2021, cerca de un 6,5% de los hogares españoles durante la pandemia se enfrentaron a avisos de corte de luz, agua o teléfono por no disponer de dinero suficiente para pagar estos suministros básicos.
En la actualidad, gracias a la prórroga del escudo social establecido por el Gobierno de España por Real Decreto al inicio de la pandemia, se han frenado los desahucios y se han evitado cortes de gas, electricidad y agua a cientos de miles de hogares en situación de pobreza en nuestro país.
Pero ¿qué pasará en breve cuando el escudo social decaiga y esas familias tengan que afrontar la deuda acumulada durante estos meses en los que las empresas suministradoras no han ejecutado los cortes que tienen establecidos en sus reglamentos de funcionamiento?
No olvidemos que el agua, como ocurre con el acceso al saneamiento, es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas en 2010, lo que supone una protección legal internacional del derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible económicamente para cubrir sus necesidades esenciales personales y domésticas.
El pasado 10 de mayo se presentó en la Asociación Vecinal Valle-Inclán de Prosperidad la Campaña Agua y Saneamiento: derechos básicos para la vida, que impulsan más de 20 organizaciones y movimientos sociales (organizaciones vecinales y de consumidores, sindicatos, ONG de desarrollo y ambientales, y otros movimientos y organizaciones sociales) para sensibilizar a la ciudadanía sobre lo urgente de esta situación y exigir a las administraciones públicas regionales y locales de la Comunidad de Madrid, que asuman sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Para ello, es fundamental disponer de una Ley que garantice la disponibilidad de un mínimo vital de agua y la prohibición de los cortes de suministro para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social más allá de la pandemia.
Para que esto sea operativo, la Campaña también propone una reforma del reglamento actual del Canal de Isabel II para que incorpore principios de derechos humanos como la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información.
Otra demanda de la Campaña es pedir que se actúe en los asentamientos informales y se garantice el acceso y la disponibilidad de los servicios en casos de emergencia habitacional.
En los espacios públicos y comunes en los que las personas pasan tiempo, también es necesario garantizar un acceso a agua potable y saneamiento cuando se necesita, tal y como establecen estos derechos humanos.
Los representantes de la Campaña han pedido a la Asociación su colaboración en la difusión de los mensajes y demandas de la campaña entre sus vecinos y vecinas y a otras asociaciones (compartiendo materiales audiovisuales, realizando murales en lugares públicos sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, actividades de sensibilización en centros educativos dirigidas a AMPAS, profesorado y alumnado) y su implicación en la recogida de firmas digitales que se iniciará próximamente para apoyar la aprobación de una Ley de Mínimo Vital en la Comunidad de Madrid.
También han invitado a detectar y denunciar posibles cortes de agua que sufran vecinos y vecinas del distrito cuando se acabe la protección del escudo social para ponerlo en conocimiento de los organizadores de la campaña, al igual que las necesidades de acceso a fuentes y urinarios en espacios públicos si no disponen de ellos.
Enlace al vídeo presentado en la conferencia CAMPAÑA DE AGUA Y SANEAMIENTO