Desde hace tiempo se está agudizando la sensación de distanciamiento entre el Congreso de los Diputados y los ciudadanos que se manifiesta con el grito “No nos representan” de muchas manifestaciones.

Esta sensación genera una postura crítica ante el sistema de democracia representativa, el sistema de votar cada cuatro años a unos partidos políticos sin posibilidad de intervenir nuevamente hasta las próximas elecciones.

Hay un amplio y creciente movimiento que propugna un sistema electoral participativo en el que los ciudadanos puedan expresar su postura ante las grandes decisiones de los Gobiernos y que esta postura sea vinculante y puedan reprobar a los políticos que en su actuación se aparten de las directrices aprobadas democráticamente.

Ciertamente hay muchos aspectos que son seriamente cuestionables en el actual sistema electoral de España que es similar al de la mayoría de los países europeos.

En primer lugar la ley electoral está concebida para impulsar el bipartidismos favoreciendo para ello a los partidos mayoritarios con el sistema de circunscripciones provinciales establecido en nuestra Constitución de 1978. Solo los grandes partidos tienen posibilidad de sacar diputados en las provincias de población reducida, la mayoría. Además, la ley D´Hondt utilizada para la asignación de diputados con los restos, las fracciones puntuales de votos, también favorece a los partidos mayoritarios.

Este sistema electoral distorsiona profundamente la composición del Congreso, los partidos minoritarios podría lograr más diputados si la asignación fuera proporcional al porcentaje total de votos obtenidos en toda España.

Pero hay más, las campañas electorales exigen unos elevados recursos económicos que, otra vez, solo disponen los grandes partidos. Esta necesidad de recursos ha sido la causa de muchos casos de corrupción.

El cauce de transmisión más eficaz para la difusión de la actuación y las propuestas de un partido son los medios de comunicación. La mayoría de los medios de mayor audiencia están controlados por poderosos grupos financieros que son proclives a transmitir las noticias y los artículos de opinión favorables a sus intereses.

Todas estas causas cuestionan seriamente nuestro sistema electoral y permiten dudar de que la composición del Congreso sea un fiel reflejo del sentir popular.

Pero el problema más grave es donde realmente se toman las grandes decisiones que afectan seriamente a la vida de la población. Desde hace años los Gobiernos de España, del PP y del PSOE, han ido haciendo importantes cesiones de las competencias del Estado a la Unión Europea (UE) y al mercado, es decir, a los grandes grupos financieros mundiales.

Recientemente se han difundido las declaraciones de Susan George, la autora del famoso Informe Lugano, denunciando que “medio centenar de potentados imponen las leyes económicas en la UE”.

Las negociaciones del Tratado TTIP entre Estados Unidos y la UE, Tratado que tendrá una decisiva influencia en la vida de los europeos, es un ejemplo, se está elaborando al margen de los ciudadanos.

La soberanía nacional y la voluntad popular expresada en las urnas están marginadas.

Tenemos que lograr un sistema electoral que refleje la voluntad popular y recuperar la soberanía nacional frente a los poderes fácticos del capital. Esto implica una lucha contra el sistema imperante e implantar un nuevo modelo en el que prime la solidaridad y los intereses de todos.