Por Ricardo Gayol García, Abogado*

El tema del federalismo como modo de organización política de un Estado o como forma estructural de las organizaciones que abarcan un territorio amplio y diverso, está en efecto de moda tanto en España como en otros países de varios continentes.

En nuestro caso en concreto existen importantes razones para ello:

• El centralismo del Régimen Franquista, que creó toda una cultura inercial, cuyos efectos aún perduran en la mentalidad social de la población.
• Las insuficiencias del Estado Autonómico contemplado en el Título VIII de la Constitución, especialmente en materia de financiación autonómica y de regulación del Senado como cámara terrritorial.
• Las recientes demandas del ejercicio del “derecho a decidir” en algunas nacionalidades históricas, unidas a un crecimiento del independentismo como solución política al desacuerdo y a la crisis.

Todo ello contribuye a presentar el Federalismo como respuesta a esta presión política. En este contexto, las distintas opciones plantean sus propuestas con emergencia:

En febrero de 2014, IU celebra su Conferencia sobre Modelo de Estado, en la que se adopta un documento que propugna un Federalismo plurinacional, solidario, laico y republicano reconociendo el derecho a decidir de cada comunidad política territorial.

En Mayo de 2014, el PSOE aprueba el denominado documento de Granada, en el que defiende la reforma federal de la Constitución. En una reciente intervención la ex Ministra Carme Chacón citaba este texto como el de las 4 erres: reconocimiento, reglas de juego, representación y recursos.

Ante la Consulta del 9N en Catalunya, se incrementa la dialéctica, si bien unos federalistas votaron “sí/no”, ICV-EUIA, y otros no votaron, el PSC. Algunos plantean, dentro del PP y del PSOE, el Estado Autonómico como una forma de Estado Federal.

Ciertamente, no es lo mismo, sobre todo por la personalidad política de los entes federados. Pero en cambio, la Constitución Española del 78 tiene el mérito de que abre el melón de la pluralidad territorial, porque reconoce los hechos diferenciales que caracterizan a cada nacionalidad o región del Estado Español. Además, los clasifica en dos categorías: las comunidades autónomas del art. 151, las nacionalidades históricas, y las del art. 143, las restantes. Pero Andalucía rompe ese esquema al aprobar en referendum un Estatuto de máximos el 28 de febrero de 1980.

Las modalidades del sistema de organización territorial podrían resumirse en:

• Estado unitario centralista, Francia.
• Estado unitario descentralizado, España, Reino Unido, Italia.
• Estado Federal Cooperativo, Alemania.
• Estado Federal Plurinacional, Canadá, Bélgica, EEUU.
• Estado Confederal, Suiza.

Todo esto, dentro de una geografía variable que cuenta con muchos matices en cada caso.

El sistema federal hace referencia a la organización Política del Estado. No implica ideología, pero históricamente es más democrático y participativo. Supone una soberanía compartida entre el poder federal y el de las unidades federadas. Pero la cuestión básica es: ¿puede el Federalismo resolver el conflicto territorial? El conflicto solo se resuelve con acuerdos políticos, los sistemas son instrumentos, pero es importante que el instrumento sea bueno y el sistema federal lo es.

Incluso el Estado Autonómico significó un avance para mejorar la participación territorial y para la corresponsabilidad entre centro y periferia. Los nacionalismos han contribuido al desarrollo de esa organización política, consolidando sus competencias. Pero la inconsistencia del sistema autonómico ha agotado esta opción, por falta de una financiación adecuada y de una representación territorial inexistente en el ámbito estatal, la reforma del Senado.

Esto nos lleva al asunto clave: la solidaridad interterritorial como mecanismo fundamental para garantizar los servicios básicos en todo el Estado en pie de igualdad, cuestión muy difícil en una realidad tan distinta a nivel social y económico. Ahora bien, partiendo de esa premisa, cuál es el mejor sistema.

Para España habría dos soluciones posibles: el Estado Federal plurinacional, con el derecho a decidir como base democrática, o el Estado Confederal, que parte de una libre asociación con vocación de permanencia, pero de carácter internacional, preservando la soberanía de cada componente.

La primera opción solo la defiende IU, pues el PSOE apuesta por un federalismo cooperativo mediante una reforma de la actual Constitución. Pienso que el PP podría llegar a admitirla, si permite cerrar la cuestión catalana. La Confederación solo la propugna Unió, UDC, pero podría aceptarla CIU en su conjunto, si da salida al conflicto presente.

Pero para todo eso, se precisa una nueva actitud desde el centro, desde el Gobierno español, propositiva y no prohibicionista, persuasiva y nunca impositiva.

Como preferencia personal, señalo el Estado Federal Plurinacional, por democrático, estable y solidario. Pero no creo que hoy resulte eficaz por el nivel de desacuerdo político existente.

La opción del Estado Confederal es más viable, ya que podría integrar a los independentistas, pues posibilita la independencia en situaciones futuras, respeta la asimetría real del Estado y reconoce plenamente las señas identidad de cada pueblo sin ningún límite. Pero ello debe resolverse  mediante referéndum en cada territorio libremente en el tiempo adecuado.

La referencia de mi opción preferente se debe al convencimiento de que el Estado español encierra una gran potencialidad como país, pero ésta únicamente se desarrollará a través de un “pacto de convivencia”. Si ese acuerdo fuera estable, mucho mejor, pero si no, cualquier acuerdo es válido para hacer posible un proyecto político común.

*Resumen de la Charla-Coloquio celebrada en la Asociación de Vecinos Valle Inclán de Prosperidad el jueves 26 de febrero de 2015.