El nuevo Reglamento de Viviendas de Protección Pública que plantea la Comunidad de Madrid está cada vez más alejado de su carácter social y más cerca del negocio inmobiliario.

El proyecto de decreto ha estado en fase de alegaciones durante quince días, incluyendo el período festivo de Semana Santa. La organización Ecologistas en Acción ha presentado un documento con 17 alegaciones al proyecto en el que se incluye  una reflexión general sobre cómo abordar los problemas de la vivienda.

La organización denuncia que este nuevo Reglamento supone un retroceso con respecto a la ya muy negativa regulación actual de las VPP de la Comunidad de Madrid, ya que mantiene los altísimos precios de estas viviendas, que pueden llegar a costar más de 400.000 € y a las que pueden acceder personas con rentas anuales de hasta 90.000 € e introduce medidas que consideran discriminatorias contra la población migrante que debe cumplir el requisito de empadronamiento en la región por un mínimo de 10 años, lo que califica de racismo institucional.

Para la organización ecologista, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha realizado un estudio detallado del fracaso de las políticas públicas de vivienda (o no lo ha hecho público), sino que ha elaborado “una sucesiva y fragmentada retahíla de normas dispersas” que no van a la raíz de ese grave problema, dado que su objetivo fundamental y declarado es impulsar el negocio inmobiliario.

Ecologistas en Acción considera que se debería partir de un balance de la situación de las VPP y el Plan Vive, que valora como un fracaso. Considera, así mismo, que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha venido utilizando el problema de la falta de viviendas asequibles como coartada para impulsar el expansionismo urbano y desregular muchos aspectos de la construcción de viviendas, pero sin dirigir sus políticas hacia los colectivos que más las necesitan y que no las pueden adquirir o alquilar a los actuales precios.

En sus alegaciones denuncia también el castigo y el probable carácter ilegal de las medidas que incluye el proyecto de Reglamento, para impedir que las personas que hayan sido condenadas por ocupación de viviendas puedan acceder a las VPP.

Considera que algunas de las nuevas medidas que incluye el proyecto de Reglamento suponen un fraude del concepto de vivienda social, cuando, por ejemplo, se pretende autorizar sub viviendas de 15 metros cuadrados para estudiantes universitarios y “Erasmus”, a quienes no se aplican límites de renta.

Señala, así mismo, que el proyecto de Reglamento mantiene que las VPP queden desreguladas a los quince años de su construcción y puedan ser vendidas a precio de mercado, con lo que se fomenta la especulación con la subida de precios y que se malverse la subvención estatal con la reducción del IVA de la que disfrutan las VPP, que solo pagan un 4% por ese impuesto, además se mantienen las condiciones para  que se pueda especular y fijar precios sin limitación a los suelos destinados a VPP, que deberían ser topados.

El nuevo Reglamento derogaría las actuales Normas Técnicas de Calidad de las Viviendas de Protección Pública, sin sustituirla por otra regulación que controle las calidades y el fraude. Así como la necesidad de que se establezca una normativa que especifique las calidades en cuanto a eficiencia energética, durabilidad de los materiales, reducción de contaminaciones, etc., así como establecer la obligatoriedad de que se incluyan entornos arbolados y adecuados para paliar los efectos del calentamiento global.

Ecologistas en Acción solicita la retirada del proyecto, así como que se aborde la situación de manera general, con carácter de ley y a través de un debate público en el que se incluya a todos los colectivos afectados y no solo a las patronales.