Fotografía de Meri Chiné
Àlex Romaguera i Vendrell, es periodista especializado en temas vinculados a la lucha por los derechos humanos y a la memoria histórica. Durante su actividad profesional ha sido redactor del semanario El Triangle y otros medios. El año 2017 fue autor, junto al exdiputado de la CUP David Fernàndez, de la obra Llums i Taquígrafs: Atles de la corrupció als Països Catalans, en la cual se cartografía el fenómeno de la corrupción política que ha tenido lugar en la actual etapa democrática, y en 2021 publicó el ensayo Víctimas en so de pau, cuyas páginas nos acercan a la vivencia de quince familiares de víctimas de la violencia política acontecida en el Estado español desde el tardofranquismo hasta nuestros días. Actualmente, es colaborador de la revista La Directa y de los diarios Gara y Público.
Mikel Castrillo: De los datos que recoges en tu último libro Victimas SA ¿se puede extraer la conclusión que la AVT y el resto de asociaciones son satélites del PP y en menor medida de VOX, formando parte del espacio sociológico de la derecha extrema y ultraderecha?
Àlex Romaguera: Sin lugar a dudas. En esta posición se han instalado estas asociaciones. Muy en particular la AVT, que en línea con el PP y Vox, arremete contra la izquierda cuando esta dialoga con las fuerzas soberanistas o emprende medidas en favor de la laicidad, los derechos de la mujer o adopta leyes que permiten avanzar en el terreno de la pluralidad lingüística o la reparación a las víctimas de la dictadura.
MC: Hay un dato que aportas en este trabajo: es imposible encontrar un ariete como la AVT y su entorno para poner en práctica políticas de confrontación con los diferentes gobiernos del PSOE y la izquierda del Estado ¿Si no hubiese existido la AVT, el PP la habría tenido que inventar?
AR: Es evidente, pues no hay apenas experiencias de colectivos que actúen al servicio de los intereses del partido de Feijóo. Como máximo podríamos citar a Dignidad y Justicia (DyJ), de los hermanos Portero, aunque apenas tiene actividad, y en su momento COVITE, pese a que los últimos años se ha desmarcado completamente del PP y Vox por la deriva reaccionaria de estas formaciones y el uso espurio que hacen del dolor de las víctimas. También, antiguamente, existió la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, auspiciada por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con el único propósito de contrarrestar la influencia que tenía la progresista Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, fundada por Pilar Manjón y que hoy continúa aglutinando a la mayoría de víctimas de los atentados yihadistas de 2004.
MC: Viendo la trayectoria política de algunas caras visibles de la AVT, Dignidad y Justicia, COVITE, etc…, que han ido pasando de un partido a otro ¿se podría decir que hay una lucha soterrada entre el PP y VOX para arrastrar a sus filas a estas personas que tienen un marcado perfil mediático?
AR: La pugna para atraer y cooptar a sus filas a las caras más visibles de dichas entidades es notoria, pues mediante su presencia pueden instrumentalizar y arrogarse la representación de las víctimas. Los casos más relevantes de este fenómeno de puertas giratorias son el expresidente de la AVT Francisco José Alcaraz, hoy diputado de Vox en el Congreso, o Marimar Blanco y Daniel Portero de La Torre, que comparten escaño en el grupo popular de la Asamblea de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.
MC: Sorprende el ansia por presidir dicha asociación ¿Los puestos de relevancia de la AVT son remunerados?
AR: Proporciona a sus dirigentes un altavoz muy relevante, amplificado por las terminales de la caverna mediática, que les abren la puerta a recalar en alguna fundación o cargo público con un buen sueldo. Más aún después de que, en 2005, Alcaraz modificara los estatutos de la entidad para autorizar que los miembros de la junta pudieran participar de la vida política una vez expirara su mandato. Un extremo que las anteriores direcciones habían prohibido justamente para evitar la instrumentalización partidista de las víctimas. Presidir la AVT, pues, ofrece muchas prebendas, y aunque el cargo no está gratificado económicamente, quien la dirige suele percibir un buen montante en concepto de dietas y otro tipo de emolumentos, además de premios y condecoraciones que le garantiza popularidad.
MC: La AVT recibe subvenciones de una gran cantidad de organismos públicos ¿A cuánto puede ascender el presupuesto anual de la AVT? ¿Hay transparencia?
AR: Esta es otra de sus anomalías, pues su portal de transparencia solo ofrece el certificado de la empresa auditora conforme ha presentado los presupuestos y los balances anuales, pero no permite acceder a ellos. Por tanto, es difícil saber el dinero que maneja y de dónde proviene. En cualquier caso, solo a través de la Oficina de Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior, percibe cerca del 35% de los dos millones que este destina a las asociaciones de víctimas. Un porcentaje similar del que recauda de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), sin contar con el dinero que obtiene de ayuntamientos, instituciones provinciales, autonómicas, empresas privadas, así como de la APAVT (Asociación-Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo) -uno de sus tentáculos- o de ‘Amigos de la AVT’, el instrumento que ha creado para recibir donaciones de particulares. Los recursos de que dispone, pues, es muy elevado, lo que le garantiza tener una estructura y una actividad muy superior al resto de entidades del mismo ámbito.
MC: ¿El PSOE es consciente del gol que le metió el PP con la creación de la AVT? Y además de la Fundación Fernando Buesa o Ernest Lluch ¿ha sido incapaz de crear alguna asociación paralela para contrarrestar a la AVT en el espacio de las víctimas?
AR: En ningún momento el PSOE ha podido deshacerse de la influencia de la AVT. Y eso ocurre por la decisión, consensuada con el PP, de otorgarle en 2001 la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo, en cuyos órganos sigue teniendo un papel preeminente. Tanto es así que su vicepresidenta de honor no es sino Ángeles Pedraza, a su vez vicepresidenta de la entidad. Pero también por el hecho de que, en 2004, la AVT fue declarada por el Estado entidad de utilidad social, erigiéndose así en la principal interlocutora de los gobiernos de turno sobre los temas relativos a las víctimas. Aún hoy, pese a las reprimendas y los continuos ataques que la asociación le dedica, el PSOE se ve forzado a vehicular algunas de sus demandas.
«Del libro se desprende que, solo garantizando una memoria inclusiva y el respeto a los derechos de todas las víctimas, se podrá avanzar hacía una sociedad resiliente, justa y verdaderamente democrática…»
MC: El abandono de la lucha armada por parte de ETA en octubre de 2011 y su posterior disolución unilateral en mayo de 2018 sirvieron para hacer saltar el tablero político; ya nada ha sido igual tanto en Euskal Herria, como en el resto del Estado español, pero, por el contrario, la beligerancia de la inmensa mayoría de las asociaciones de víctimas ha ido en aumento ¿a qué se debe? ¿Quizá porque es necesario para que la ultraderecha (PP-VOX) tengan un banderín de enganche en la confrontación electoral?
AR: Efectivamente, sin el espantajo de ETA, la ultraderecha se quedaría sin argumentos y la AVT sin más razón que acompañar a sus víctimas. Pero este motivo, buscan cualquier momento para sacar de la chistera a la organización armada vasca, asegurando que, pese a su desaparición, continúa presente hoy en las instituciones a través de EH Bildu, a quien acusa de urdir, junto al PSOE y las distintas fuerzas soberanistas, una estrategia destinada a desmembrar España. Así pues, pese a que la violencia política desapareció hace años de las calles de Euskal Herria, tanto PP como Vox son conscientes que, atizando el banderín de ETA y el dolor que causó a sus víctimas, pueden sacan rédito político entre determinadas capas de la población.
MC: El que fuera ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Mariano Rajoy, José Manuel García Margallo, ha comentado en alguna ocasión que algunos militantes del PP de la CAV le manifestaron que desde el abandono de las armas por parte de ETA y su posterior disolución, el PP de la CAV encontraban que no tenían un discurso, que habían perdido el rumbo…
AR: Es cierto que el relato de que ETA marca la agenda política va perdiendo fuelle, pues la “realidad contada” contrasta absolutamente con la “realidad vivida”. Aún así, desde varias tribunas se perpetúa aquella máxima según la cual “una mentira contada cincuenta veces, se convierte en verdad”. A ello juegan los líderes de PP, Vox, así como la AVT y los medios de comunicación de su órbita. Y ciertamente, ese discurso atrae a los sectores que consumen este mantra, especialmente en las zonas dónde la derecha es hegemónica y controla la opinión pública. Pero en Euskal Herria no tienen ningún tipo de recorrido, como lo prueba el papel tan residual que PP y Vox tienen en las instituciones.
MC: El hecho de que no reconozcan a las víctimas de la violencia policial, de extrema derecha y las víctimas del franquismo ¿ha podido erosionar su imagen en algunos sectores?
AR: Cada vez más. A medida que la AVT se ha escorado a posturas más conservadoras y opera como muleta de la derecha, ha perdido apoyo. Ya lo hizo cuando se apuntó a la Teoría de la Conspiración sobre los atentados del 11-M de 2004, lo que condujo a muchos socios y entidades afines a desmarcarse de esta posición. Pero también cuando intentó boicotear el proceso de paz en Euskal Herria, se unió a sectores ultracatólicos para rechazar la Ley de matrimonios homosexuales y la Ley del aborto, o más tarde repudió las leyes vasca y navarra -adoptadas por las respectivas cámaras el 2016 y el 2019, que amparan y reconocen a las víctimas causadas por la extrema derecha y los cuerpos policiales del Estado. También en los últimos años ha perdido respaldos tras la decisión de la actual junta, presidida por Maite Araluce, de aplaudir la iniciativa del PP y Vox de sustituir la Ley de memoria democrática de 2022 por una Ley de concordia que blanquee el franquismo. Poco a poco, esa deriva ultra está convirtiendo la AVT en un agente cada vez más alejado de los consensos en materia de derechos y memoria democrática.
MC: ¿Qué repercusión tiene la AVT fuera del Estado español? ¿Está siendo capaz de intoxicar con su discurso en otros organismos internacionales y en otros países?
AR: La AVT ejerce de lobby con el fin de que otras instituciones asuman sus planteamientos. Un objetivo para el cual mantiene una estrecha coordinación con las asociaciones de víctimas más reaccionarias de Italia, Francia, Irlanda del Norte o, en América del Sur, con las que se alinean con las derechas oligarcas y golpistas de Argentina o Colombia. De todas formas, son numerosas las veces que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE y la Comisión Europea han impugnado sus propuestas. La última, el proyecto de Carta de los Derechos de las Víctimas del Terrorismo, que la AVT presentó en 2022 junto a las entidades que se agrupan en la Red Europea de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, que ella misma fundó. Pues bien: a criterio de estos organismos, dicha carta colisiona con el derecho a la libertad de expresión, pues “abre la puerta a perseguir a grupos o individuos que percibe como indeseables, sean los movimientos anarquistas, separatistas no violentos, además de ONG o ciudadanos de países no miembros de la UE”. Así pues, aunque aún conserva cierta influencia, la AVT ve como sus iniciativas suscitan un amplio rechazo por su carácter punitivo, retrógrada e involucionista.
MC: ¿Qué esperas aportar con tu ensayo, ‘Víctimas SA’, a este embarrado debate escrito de antemano entre víctimas buenas, ¿víctimas malas y víctimas inexistentes?
AR: De entrada, y como suele apuntar Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, torturado y asesinado por los GAL en 1983, defender el principio según el cual “a igual sufrimiento, iguales derechos”. No puede haber víctimas de primera ni de segunda, sino que todas, sin exclusión, han de ver garantizados los tres derechos fundamentales recogidos por las Naciones Unidas en 1997 (los denominados ‘Principios de Joinet’): es decir, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En ese sentido, más allá de analizar el papel de la AVT en la actual ofensiva reaccionaria que tiene lugar en el Estado, el libro quiere poner en valor el trabajo de víctimas como Zabala y otras en pro del diálogo y de una justicia reparadora para cualquier persona que haya visto lesionada su integridad física o psíquica. Del mismo modo que, en otro apartado, quiere destacar la necesidad de que el Estado haga sus deberes en materia de justicia transicional, lo que ha de suponer la eliminación de aquella arquitectura legal surgida de los pactos de la Transición. Un esquema jurídico que impide a las víctimas causadas por el mismo Estado, pero también las causadas por los grupos parapoliciales que han actuado a su amparo, como los GAL, tener satisfechos sus derechos básicos, ser reconocidas como tales y que, aquel drama que padecieron, no vuelva ocurrir nunca jamás. Al fin y al cabo, del libro se desprende que, solo garantizando una memoria inclusiva y el respeto a los derechos de todas las víctimas, se podrá avanzar hacía una sociedad resiliente, justa y verdaderamente democrática.