El nuevo engaño, del Ayuntamiento de Ana Botella, ha consistido en anunciar que no le da tiempo para tramitar el Plan de Urbanismo, cuando lo que tendría que anunciar es que está haciendo todas las componendas necesarias para consolidar nuevos negocios para los grandes especuladores inmobiliarios, incluyendo recalificaciones en el patrimonio público para que distintas administraciones puedan venderlo a los tiburones que disponen de financiación y quieren apropiarse de las futuras oportunidades, comprándolas ahora a precio de saldo.

¿Para qué les hace falta revisar el Plan Urbanístico, si lo que quieren es jugar al Monopoly? Lo que quieren es que les dejen poner muchos bloques de viviendas, oficinas, centros comerciales, etc., en sus casillas de juego, en el tablero madrileño, y que los propietarios públicos les vendan barato los terrenos y edificios mejor situados, donde hacer futuros grandes negocios.

Los vecinos, en cambio, necesitamos políticas para defender nuestro derecho a la ciudad, a espacios públicos para la ciudadanía, parques, escuelas y hospitales en los barrios que tienen carencias, vivienda pública en alquiler, etc. Pero, al sufrir el expolio de los terrenos y edificios públicos aun existentes, se pierden las oportunidades para satisfacer estas necesidades. A este paso cuando consigamos una democracia participativa que permita incidir en las decisiones de gobierno para dar prioridad a las necesidades ciudadanas, no quedará patrimonio inmobiliario público para construir lo necesario.

En estas estamos. Se trata en una lucha entre los jugadores del Monopoly, y los madrileños defendiendo sus derechos ciudadanos. Las Asociaciones de Vecinos integradas con distintos movimientos sociales, ciudadanos y ecologistas en la Plataforma NO A ESTE PLAN, estamos satisfechos de que Botella no termine su plan, con la esperanza de que la próxima legislatura pueda desarrollar políticas urbanas para los ciudadanos. Pero al mismo tiempo redoblamos esfuerzos para oponernos al “Plan de Hechos Consumados” al que nos está sometiendo el Ayuntamiento. Todo con alevosía, sin debate público de las necesidades que hay en los barrios y la ciudad, y que estos terrenos y edificios podrían contribuir a satisfacer.

A las muestras nos remitimos, ya que en la prensa diaria están apareciendo constantemente noticias sobre el saqueo que se está perpetrando entre las administraciones y especuladores de Madrid.

Han empezado las ventas

Se vendió la Gerencia municipal de Alfonso XIII, que ya está en construcción. Y ahora se han vendido los cuarteles de Raimundo Fernández Villaverde, las cocheras de metro de Cuatro Caminos y las instalaciones de Pacifico.

También se venden inmuebles, como las viviendas del IVIMA y la EMVS, a fondos buitre. Son tan mezquinos, que en un artículo de prensa de hace unos meses, un directivo de un fondo buitre, decía que los buitres son necesarios porque metabolizan la carroña…

Y se preparan nuevas ventas. Se está perfilando un nuevo convenio sobre la Operación Chamartín para hacer más llevadera la operación al BBVA (que lleva 20 años sin iniciarla) con el fin de que aunque sigan especulando en espera de mayores precios para sus futuros productos inmobiliarios, se puedan desgajar ya algunas piezas y que RENFE pueda cobrar esa parte del suelo. También se están negociando condiciones nuevas en la Operación Campamento para que Wanda pueda desarrollar allí sus actuaciones de terciaro-vivienda-juego.

El gran solar de Padre Damián 52 que iba a ser el nuevo Ministerio de Asuntos Exteriores se está recalificando para que el Ministerio de Hacienda lo revalorice y venda. En la misma modificación, ahora en información pública, dejan de ser dotacionales también los edificios públicos de Castellana 19 y Serrano 35.

También saldrán a la venta las cocheras de metro de Ventas y Plaza de Castilla, así como el Parque Móvil de Ministerios de Cea Bermúdez.

Y los promotores que ya tienen en marcha operaciones quieren consolidarse,  rápidamente.

Vemos como se intentan acelerar las Operaciónes Calderón-Mahou y la del Bernabéu (está suspendida de momento por el juzgado). E igualmente la Operación Canalejas, para que venda provechosamente Villar Mir, o la remodelación de la Plaza de España para que el Banco de Santander consolide su venta al grupo chino Wanda. Y se tramita con celeridad la llamada Centralidad del Este (antigua propuesta de Villa Olímpica).

Y vienen detrás la venta de los Juzgados (para eso se retoma el dislate de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre), el Palacio de Santa Cruz, Torrespaña, la Cárcel de Yeserías, Mercados de Legazpi, Delicias (en el Parque Tierno Galván), los Cuarteles de Batalla del Salado y Joaquín Costa y la Guadia Civil de Príncipe de Vergara…, y hasta 146 unidades urbanísticas previstas en el avance de plan que como tal no se tramita, pero que se movilizan una a una con el objetivo de cambiarlas de uso y privatizarlas. También se quiere dar firmeza a los Centros comerciales en el Palacio de la Música y el Teatro Albeniz, o las ampliaciones del Corte Ingles.

Y además, las regalías.

Ejemplos de regalías al sector privado en edificios dotacionales son las propuestas de la Plaza de la Cebada, o del Palacio de Torres Arias, así como las terrazas acotadas que invadiendo sin mesura las aceras y plazas, y que ahora también quieren imponer en la Plaza Mayor y Puerta del Sol, dos espacios que son Bien de Interés Cultural.

Aunque el punto fuerte de las regalías, en forma de concesiones está en los servicios urbanos, porque lo que se vende no es solo el suelo y los edificios públicos. Ahora el sector inmobiliario y financiero, hace negocio con escuelas infantiles, hospitales, servicios de limpieza, transportes, etc.

La administración entrega un servicio público a un grupo privado para que extraiga un beneficio, aunque sea (suele serlo) a costa de la calidad de la prestación del mismo y de las condiciones laborales de los trabajadores (ERES, despidos, salarios míseros, etc.). Da lo mismo servicios completos que troceados por partes (catering, lavandería, radiografías, etc.). Consiguen una tasa de beneficio asegurada sin arriesgar, y a costa de los presupuestos públicos. Y no solo disminuye la calidad, sino que el servicio por usuario se encarece, como se comprueba en distintos casos.

Y no contentos con el mal resultado que para el usuario tiene la privatización de servicios como la electricidad o el teléfono, que se encarecen mientras la empresas hacen beneficios de miles de millones de euros, ahora intentan privatizar también el agua, la limpieza, etc.

La voracidad de los inversores privados, amigos del poder, no tiene límites.

Lo llaman liberalización pero es un saqueo