Una reflexión desde la quietud de una vida plena

Durante años diseñé proyectos para el norte de Madrid y su sierra que, mirados hoy, no eran descabellados: un centro comercial urbano en Chamartín, un eje verde peatonal con tranvía entre dos estaciones de tren, un plan turístico para recuperar una mina de plata abandonada, la reapertura de un trazado ferroviario que ya existía. Ninguno se ejecutó.

Durante mucho tiempo busqué la explicación en las personas: alguien con poca visión, alguien que no quiso arriesgar, alguien que prefirió que el mérito no fuera ajeno. Probablemente hubo algo de eso. Pero cuando reviso los cuatro casos juntos, lo que encuentro no es una colección de individuos mezquinos, sino un mecanismo que se repite con tanta regularidad que merece explicarse por sí mismo, más allá de quién estuviera sentado en cada despacho.

Hay tres piezas que aparecen, combinadas, en los cuatro proyectos. Ninguna por separado basta para matar una idea. Juntas, son letales.

La firma que nadie quiere poner

El primer mecanismo es el más sencillo de entender y el más difícil de combatir: en la administración española, decir que sí a algo ambicioso cuesta mucho más que decir que no.

Cuando redacté el Plan «Puerta de Plata» para Bustarviejo, como técnico del propio Ayuntamiento, no propuse una fantasía: incluía levantamiento topográfico de la mina, plan de viabilidad, fases anuales detalladas y una financiación tripartita —municipal, autonómica y estatal— que sumaba algo más de dos millones de euros. No era una ocurrencia: era un expediente. Y aun así, ningún responsable político firmó para llevarlo adelante.

No creo que fuera por falta de interés en el proyecto. Creo que es porque firmar un «sí» a un proyecto nuevo expone a quien firma: si algo sale mal —el presupuesto se dispara, el plazo se incumple, la oposición lo critica—, la responsabilidad tiene nombre y apellido. Firmar un «no», o simplemente no firmar nada y dejar que el expediente se quede dos legislaturas en un cajón, no expone a nadie. Es una asimetría perversa: arriesgarse a hacer algo bueno cuesta carrera política; no hacer nada no cuesta nada. Cuando eso es así, lo razonable —para alguien que solo piensa en su propia continuidad— es no firmar.

A esto no le hace falta mediocridad. Le basta con prudencia mal entendida.

Demasiadas puertas, ningún responsable único

El segundo mecanismo es de naturaleza distinta: la fragmentación de competencias entre administraciones, que en proyectos territoriales de cierta escala es casi inevitable, y que tiene un efecto perverso muy concreto: cuando un proyecto necesita el «sí» de varios organismos a la vez, basta con que uno solo diga «no», o que tarde, para que el conjunto se caiga, sin que ningún actor individual tenga que asumir el coste político de haberlo bloqueado él solo.

El eje verde peatonal con tranvía que diseñé entre Chamartín y Atocha, por Pío XII, Príncipe de Vergara, Menéndez Pelayo y el Paseo de Reina Cristina, lo presenté formalmente en marzo de 2017 a la Mesa de Calidad de Vida en Chamartín, tomando como referencia explícita el eje de comunicación y convivencia de la Ciudad Lineal de Arturo Soria.

No era un capricho de un solo distrito: el proyecto atraviesa Chamartín, Salamanca y Retiro, que entre los tres suman cerca de 400.000 habitantes, con algunas de las medias de edad más altas de Madrid y una carencia notable de espacios libres. En el propio documento que redacté entonces ya advertía que, por afectar a tres distritos, el trabajo tenía que contar con la opinión coordinada de las Mesas correspondientes a los tres Foros vecinales.

Lo escribí como una necesidad metodológica. En la práctica, fue la sentencia del proyecto: coordinar tres Foros de distrito, cada uno con su propio ritmo y sus propias prioridades, además del Ayuntamiento para la peatonalización y la Comunidad de Madrid para el tranvía a través del Consorcio Regional de Transportes, son demasiadas puertas para que todas se abran a la vez.

Hoy, dos décadas después de mi primera idea sobre la zona y casi una década después de aquella propuesta de 2017, el Ayuntamiento está aplicando exactamente ese modelo —corredor verde peatonal con transporte público de superficie— en el Paseo Verde del Suroeste y en la futura Gran Vía del Sureste, donde solo tenía que ponerse de acuerdo con una administración, no con tres ni con cuatro. No es casualidad que esos proyectos sí avancen.

Algo parecido, a menor escala, le pasó a una pieza más pequeña de esa misma Mesa de 2017: el Parque Gloria Fuertes, en plena Avenida de Pío XII. En abril de 2016, el pleno de la Junta Municipal de Chamartín había aprobado por unanimidad una propuesta para rehabilitar el parque —recuperar la zona de columpios, crear un área canina vallada, instalar una puerta de cierre nocturno—. Un año después, en la Mesa, retomamos esa aprobación para proponer algo más ambicioso: un escenario para conciertos y teatro, un mercado de trueque vecinal sin dinero de por medio, un ajedrez gigante, un espacio reservado para el encuentro y los discursos al aire libre.

La aprobación puntual de 2016 se hizo: los columpios se recuperaron. La visión integral de 2017 no llegó a desarrollarse. Decir «sí» a una mejora concreta y acotada es fácil; decir «sí» a una visión de conjunto que implica coordinar presupuesto, mantenimiento y varios departamentos municipales a la vez, mucho menos.

El tren de Somosierra a Colmenar Viejo tiene el mismo problema: depende de Adif, de la Comunidad de Madrid, y de la voluntad política de varios ayuntamientos pequeños de la sierra atravesados por la vía. Adif ya ha extendido la línea hasta Soto del Real, con más de 47 millones de euros invertidos. Pero ese primer tramo, el más fácil, es también el único que dependía casi en exclusiva de una sola administración decidida a moverse. Más allá de Colmenar, cuantas más puertas hay que atravesar, más probable es que una se quede cerrada.

El proyecto no tiene padre cuando cambia el gobierno

El tercer mecanismo es el de la discontinuidad: un proyecto diseñado bajo un gobierno, alcalde o equipo técnico concreto rara vez sobrevive al cambio de ese equipo, no porque el siguiente lo evalúe y lo rechace, sino porque, sencillamente, deja de tener quién lo defienda desde dentro. Sin un padre político o técnico vivo en el cargo, el expediente no se cierra: se olvida.

Esto es, quizá, lo que mejor explica el destino de «Chamartín Bulevar». Planteé esa idea por primera vez coincidiendo con las obras de construcción de la nueva estación de metro de Colombia, entre 2001 y 2002, cuando se abrió literalmente el subsuelo de las calles Potosí, Colombia y Bolívar, junto al Mercado de Chamartín. Era el momento exacto para repensar ese espacio público en lugar de devolverlo a como estaba. Las obras del metro tienen su propio calendario, ajeno al de cualquier propuesta urbana paralela: cuando terminaron, la calle volvió a su trazado anterior, y el equipo que pudiera haber impulsado el bulevar ya no estaba, o ya no tenía el proyecto entre sus prioridades.

No abandoné la idea. La sostuve durante dieciséis años y, en 2018, la presenté de forma mucho más completa: como redactor de una propuesta de la Mesa de Mejora de Calidad en Chamartín, elevada a la Comisión Permanente del Foro de Chamartín para su paso al Pleno, planteé no ya un bulevar aislado sino cuatro centros comerciales abiertos para todo el distrito —Corazón de María, López de Hoyos, Príncipe de Vergara (el propio Chamartín Bulevar) y Doctor Fleming—, junto con un anillo verde que uniera los parques Gloria Fuertes, Berlín y Félix Rodríguez de la Fuente, y un anillo cultural que conectara colegios, bibliotecas y centros culturales del distrito.

La propuesta incluía un argumento que no era solo urbanístico, sino presupuestario: con unos ingresos municipales de algo más de 1.560 euros por habitante, Madrid invertía, en dotaciones por distrito, muy por debajo de lo que correspondería a esa cifra —la propuesta comparaba explícitamente esa inversión con la de una ciudad como León, con ingresos por habitante un cincuenta por ciento inferiores y, aun así, mejor dotada en proporción a su tamaño—.

El diagnóstico de fondo era la centralización: un distrito como Chamartín, con barrios tan dispares como El Viso y Prosperidad metidos en la misma unidad de gestión, necesitaba descentralizar competencias y presupuesto hacia el propio distrito para poder actuar.

La propuesta siguió el cauce institucional correcto: pasó por el órgano de participación vecinal adecuado, con la estructura formal adecuada, hasta el Pleno. Y fue rechazada. Lo sé porque lo escribí yo mismo, pocos días después, en una carta dirigida a los miembros del Foro: «en su día propusimos lo siguiente, que fue rechazado».

No quedó en el limbo de la indiferencia: hubo una decisión expresa de no llevarlo adelante. Pero lo que más me interesa rescatar de aquella carta, escrita en caliente y no con la distancia de hoy, es el diagnóstico que ya hacía entonces sobre el por qué: «Nula descentralización de la vida municipal. El Distrito no tiene competencias en casi nada. Todas nuestras propuestas mueren en las Áreas, sus presupuestos, y los análisis de los ciudadanos.»

Y más adelante, una pregunta que entonces hice en voz alta y que hoy contesto con menos rabia y más estructura: «¿En verdad nuestro Concejal de Distrito tiene tiempo para dedicarse a su desarrollo? ¿Existe una verdadera política de colaboración con las otras administraciones?»

En esa misma carta señalaba, además, algo que conecta directamente con el segundo mecanismo de este texto: citaba el propio Plan de Mejora de los Servicios de Cercanías de Madrid, que ya en 2018 incluía entre sus actuaciones «en fase de estudio» la prolongación de la línea C-4 de Colmenar Viejo a Soto del Real —el mismo tramo que Adif ha terminado por ejecutar años después, con más de 47 millones de euros— preguntando, con razón, cuántos años hacía que esa obra dormía aprobada en el papel sin presupuesto real detrás.

La respuesta, en este caso, ha llegado: pero tardó casi una década desde que yo mismo señalé el problema, y solo en el tramo más fácil. Hoy, dos décadas después de la primera idea, la operación urbanística de mayor escala en esa misma zona —Madrid Nuevo Norte— se ha hecho bajo una lógica completamente distinta: torres, oficinas, comercio en planta baja. El bulevar comercial a pie de calle, sencillamente, dejó de estar sobre la mesa de nadie con poder de ejecución.

Lo que esto no es

Quiero ser preciso en algo: esto no es una defensa de que cualquier proyecto rechazado fuera, por eso, bueno. Muchos proyectos no se ejecutan, con razón, porque tenían defectos reales —de financiación, de impacto ambiental, de viabilidad técnica— que solo se ven con el tiempo. No estoy reclamando que se acepte sin más nada de lo que entonces propuse: el tiempo pasado exige revisión, no nostalgia.

Lo que sí sostengo es que la explicación de por qué buenos proyectos mueren en España rara vez está en la maldad o la mediocridad de una persona concreta. Está en un sistema que premia no decidir, que reparte la responsabilidad de aprobar entre tantas manos que ninguna se siente dueña del resultado, y que no tiene memoria institucional más allá de quien ocupa el cargo hoy.

Entender eso no me consuela del todo —preferiría haber visto construido alguno de estos proyectos—, pero sí me permite dejar de buscar culpables individuales donde, en realidad, hay un mecanismo.

“Y los mecanismos, a diferencia de las personas, se pueden rediseñar”.