Parece que los distintos protagonistas se han puesto a trabajar a la vez para resolver los problemas que acucian a la Sanidad Pública y, más concretamente, a la Atención Primaria, al menos algunos… Por un lado, y siguiendo con su persistente lucha y denuncia de la situación actual de la Sanidad madrileña, las plataformas de vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid, junto con más de 100 asociaciones y plataformas ciudadanas y profesionales diversas, convocaron para el domingo 25 de mayo a las 12 de la mañana una gran manifestación ciudadana.

Dicha convocatoria constaba de cuatro columnas de partida desde los distintos puntos cardinales de la capital, para confluir en la Plaza de Cibeles con el lema “SALVEMOS NUESTRA SANIDAD PUBLICA”.

Esta ha sido la cuarta gran manifestación desde noviembre de 2022 (que reunió a más de 670.000 asistentes), y las sucesivas de febrero de 2023 (con casi un millón) y mayo de 2024 con 200.000 (cifras aportadas por el colectivo de vecinas y vecinos).
Solo la incansable energía de los ciudadanos y su implicación constante han conseguido que esta reivindicación no caiga en el desánimo ni en el olvido habitual de las luchas sociales de estos tiempos tan individualistas y descreídos.

Da verdadera pena comprobar cómo muchos habitantes de nuestro distrito, más allá de hacer suyas estas reivindicaciones, se dedican a menospreciar y, a veces incluso a insultar gratuitamente, a aquellos que se significan en defensa de lo que es un derecho constitucional de todos los ciudadanos.

Y eso, cuando no se dedican a retirar los carteles que informan de la convocatoria de las protestas. Como si los beneficios que reportan las mejoras conseguidas gracias a estas movilizaciones no fueran a ser disfrutados por todos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su origen o creencia política, se hayan manifestado o no en defensa de esos derechos y mejoras.

Aceptar sin réplica:

• que 760.000 habitantes de nuestra comunidad autónoma no tengan médico de familia o pediatra;

• que haya más de 1 millón de personas en lista de espera para procedimientos y pruebas diversas;

• que no tengamos equipos completos en nuestros dispositivos de urgencias extrahospitalarias;

• que los excelentes profesionales que nuestra Comunidad forma cada año emigren a otras comunidades o países;

• que cueste de media más de 10 días conseguir cita con un médico de familia porque faltan 3812 médicos y 983 pediatras;

• que se privaticen cada vez más servicios de los hospitales y no se exijan unos mínimos de calidad;

• que la mayor parte del presupuesto de Sanidad se vaya en pagos a empresas privadas mediante contratos menores que esquivan el control de las autoridades económicas responsables.

Repito: aceptar todo esto, y muchas otras deficiencias más, sin réplica por parte de la población, dice mucho (y nada bueno) de aquellos que reniegan de quienes sí replican y se hacen oír en las calles, redes sociales y medios de comunicación.

Yo quiero formar parte de una sociedad que dice aquello que piensa y defiende aquello que es justo para todos y todas. Por eso estuve allí y me uní a muchos sanitarios y sanitarias, que hemos entendido que la única forma de cambiar algo, es poniéndonos en marcha junto con los ciudadanos y ciudadanas. TODOS A UNA.

Por suerte la población madrileña, como siempre, ha estado a la altura y consiguió reunir alrededor de unas 200.000 personas (según la organización) y unas 30.000 según la delegación de gobierno. En esta convocatoria tuvo un papel destacado el colectivo 7291 en defensa de las víctimas de las Residencias durante la Covid de 2020, que este último lunes 26 de mayo protagonizaron toda la información debido a haber conseguido de los juzgados la imputación de tres de los máximos responsables de la Comunidad de Madrid para la elaboración y puesta en marcha de los llamados “protocolos de la vergüenza”.

Trabajo judicial iniciado gracias a la denuncia interpuesta por el delito de denegación de asistencia y discriminación por razón de salud y edad.
El Dr. Carlos Mur y el Dr. Francisco Javier Martínez Peromingo fueron los profesionales de la geriatría encargados de redactar las diferentes versiones de esos protocolos… y el Dr. Antonio Burgueño Carbonell fue asesor sanitario de la Sra. presidenta Isabel Díaz Ayuso en aquellas fechas y encargado de elaborar el “plan de choque” anunciado a bombo y platillo por la Comunidad de Madrid que incluía supuestamente (nunca se materializó), la medicalización de las Residencias de ancianos.

Las asociaciones de médicos, tras la publicación por parte del Ministerio de Sanidad de la propuesta de nuevo Estatuto Marco de los Servicios de Salud, y la resaca de los terribles datos puestos de manifiesto por el análisis realizado en marzo por APsemueve y AMYTS, sobre la situación real actual de la Atención Primaria, se han unido en una gran asociación llamada APEMYF (Agrupación Profesional por un Estatuto Medico y Facultativo).Esta asociación está elaborando documentos de trabajo que han presentado al Ministerio de Sanidad y partidos políticos diversos (van poco a poco, cosas de la política y sus tiempos…), de los que han publicado los primeros cuatro, en los que se abordan temas de clasificación profesional, jornada, guardias y conciliación familiar, incompatibilidades, etc.

El objetivo es fomentar la transparencia y cambios, que ayuden a que el SNS (Sistema Nacional de Salud): “recupere su atractivo y sea prioritario para los profesionales médicos”.

De momento, APEMYF destaca la “predisposición” de los grupos políticos para facilitar una posible reunión con la Comisión de Sanidad del Congreso.

Ahora esperemos que el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sean capaces de estar a la altura y escuchen a los profesionales que conocen el sistema (y sus problemas y posibles soluciones) y, sobre todo, que escuchen el grito ALTO Y CLARO de la ciudadanía el domingo el domingo 25. 25.
Si no es así, NOS SEGUIREMOS VIENDO EN LAS CALLES CON NUESTROS PAÑUELOS BLANCOS.

María Isabel de Barrio Tejada, médico rural y de Urgencias extrahospitalarias.