La realidad, a menudo, supera a la ficción y resulta tan increíble que nos resistimos a reconocerla como tal por kafkiana que nos parezca. Así está sucediendo con la exclusión sanitaria en nuestro país para las personas en situación irregular y solicitantes de asilo, que están viviendo un auténtico apartheid sanitario “invisible”.

Lamentablemente, esta situación no es nueva, sino que viene siendo cotidiana desde que el gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto 16/2012. Una situación que el actual gobierno se comprometió a subsanar y no lo ha hecho, sino que se ha limitado a crear las Unidades de Tramitación Sanitaria para Inmigrantes, claramente segregacionistas e hiper restrictivas en sus condiciones de acceso a la sanidad, a través del  Real Decreto 7/2018.

En la Comunidad de Madrid estos decretos se han aplicado ferozmente. Lo experimento cada día cuando acompaño a mis vecinas al médico, como cuando acudí con una amiga bangladeshí diabética al centro de salud y, en el mostrador, una administrativa hierática nos dio la noticia de que mi amiga había sido borrada del sistema. Había, por tanto, dejado de tener médico y el siguiente paso era acudir a una Unidad de Tramitación Sanitaria para Inmigrantes donde se valoraría su situación, incluyendo la posibilidad de facturar la atención. A los pocos días me sucedió lo mismo cuando acompañé a otra amiga, esta vez hondureña y embarazada de cinco meses a otro centro de salud. La respuesta fue la misma, aunque esta vez el rostro de la administrativa fuera mucho más empático e incluso se indignara y nos dijera en voz bajita que fuéramos cuidadosas con los trámites porque podían llegar a facturar el gasto de la asistencia. En ambos casos el derecho a la salud de mis dos amigas ha sido aniquilado de una forma tan simple como brutal sus consecuencias: apretar el click de un ratón y borrar sus datos. Decidir si las vidas de las personas importan o no queda reducido a gestos como este.

Desde el pasado diciembre más de 27.000 personas en situación irregular han sido borradas de las bases de datos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Se trata de bajas que se han llevado a cabo sin ninguna información previa, sin solicitar documentación complementaria y sin ofrecer ningún tipo de plazo para poder acreditar, de nuevo, el derecho. Se trata de un auténtico apartheid y exclusión sanitaria en el contexto de la crisis salvaje que está experimentando la sanidad pública en España y la predicción de su privatización.

Mientras los pacientes borrados del sistema hacen cola en las unidades de tramitación sanitaria para conseguir una valoración de su caso o consiguen cita a dos meses vistas, sus médicos se preguntan ¿dónde están?, ¿qué ha sido de ellos?, ¿por qué no acuden a consulta, especialmente quienes son pacientes crónicos o tienen situaciones críticas?

Así me lo compartían también un par de médicas hace unos días en un encuentro casual en el centro de salud, de nuevo frente al mostrador, para pedir una cita, esta vez para mí. ¿Qué podemos hacer, me preguntaban indignadas ante lo que está pasando? ¡Tenemos que organizarnos para denunciarlo y encontrar el modo de que reciban atención cuanto antes! ¡Son nuestros pacientes! ¡Nuestro trabajo es cuidarles! ¡Su salud nos importa!

Abandoné el Centro de Salud con un sentimiento extraño porque, pese a la fuerza de la violencia de los mercados y sus leyes, que condenan a la exclusión y deciden qué vidas importan y cuáles no, la bondad y la justicia resisten todavía en el corazón humano y en las conciencias, sumando inteligencias colectivas para encontrar grietas por donde agujerear las leyes injustas y las instituciones rígidas… hasta que caigan.

Pepa Torres, es teóloga y religiosa Apostólica del Sagrado Corazón de Jesús, vive en una comunidad intercongregacional en el madrileño barrio de Lavapiés. Allí apoya los movimientos sociales y la defensa de los derechos humanos, especialmente desde la Red Interlavapiés.