El fin del estado de alerta por la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID 19 ha consistido en una desescalada del confinamiento para llegar a lo que se ha dado en llamar “nueva normalidad¨, que poco va a tener de normal. Se utiliza un nuevo lenguaje que resalta la coyuntura vivida respecto a otros problemas de fondo.

Pero al mismo tiempo penetramos en el futuro enfrentándonos a fuertes incertidumbres, se incluye en este lenguaje la palabra ¨reconstrucción¨, que se usa como si fuera magia, ya que cada partido y administración la utiliza según los intereses que defiende y, en el caso de los gobiernos de Madrid, para esconder nuevos apoyos a los negocios inmobiliarios y el coche, en detrimento del impulso que necesitan las políticas de servicios públicos y para la adaptación sostenible de la ciudad.

El desconocimiento de como puede prolongarse la pandemia mientras no haya vacuna, con nuevos rebrotes e incluso nuevas olas de contagio, supone una incertidumbre ante la que hay que estar preparados, reforzando el sistema sanitario público para una respuesta inmediata en caso necesario, con la mejora y ampliación de los servicios que han demostrado su flaqueza o debilidad estos meses: sanitario, educativo, servicios sociales, sistema de vivienda que garantice el alojamiento, apoyo a las personas con vulnerabilidad en el empleo y en la vida cotidiana.

Pero la pandemia se ha superpuesto a los prolegómenos de una crisis social y económica que colea desde 2008 y que ha repuntado el año pasado, existiendo aún una fuerte incertidumbre sobre la profundidad que puede alcanzar, aunque fuentes solventes preveían que sería peor que la de hace diez años. El parón de actividad de los últimos cuatro meses, está situando las previsiones optimistas en una caída del PIB del 10% y un paro que puede superar el 20% este año.

La crisis de fondo es estructural, arrastrada, y con serios desajustes en la producción industrial (p. ej. los coches, el acero), ahora agravada por la problemática turística (difusión de contagios) y logística (que puede conducir a cambios en la localización de actividades industriales ante los fallos vividos en las cadenas de aprovisionamiento de productos que se ha comprobado que son estratégicos). La liquidez suministrada por los bancos centrales, y las ayudas que está debatiendo la UE suponen un respiro -para el sector financiero y grandes empresas, incluso con posiciones de ventaja- pero no llega igual a las PYMEs y menos a los autónomos. Medidas como los ERTES están sirviendo a las empresas y están cubriendo necesidades de los trabajadores, pero este verano veremos cuantos vuelven al trabajo y cuantos se transforman en ERES.

Lo mejor, el Ingreso Mínimo Vital apoyando a los hogares mas vulnerables, muestra de que el actual gobierno, y el conjunto del Congreso que lo ha aprobado, han aprendido algo en relación a la crisis de 2008.

Pero todas estas políticas de servicios públicos, apoyo al empleo y a los grupos sociales vulnerables, supondrán un fuerte endeudamiento público y requerirán políticas adecuadas de ingresos (reconsideración del esfuerzo fiscal y redistribución del mismo, combatiendo también la evasión), y unos presupuestos públicos con más dotación y mejor aplicados, en todas las administraciones.

¿Que hacen el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid? Siguen por la vía fija que nos ha estado conduciendo al desastre en las últimas décadas. Lanzan la contratación de grandes obras de infraestructura, que alimenta a las grandes constructoras y al sector financiero, y fomentan el sector del ladrillo (supresión de licencias, venta de suelo público…) de forma indiscriminada, sin dirigir la posible inversión privada hacia las necesidades sociales madrileñas, y sin asumir las inversiones públicas alternativas que son necesarias.

Hace falta inversión publica en los servicios sociales debilitados y en una movilidad sostenible, pero sacan a concurso inversiones de cientos de millones para los dos próximos años en obras, como la remodelación del Nudo Norte o el soterramiento de la A5, que atraen mas coches al centro de la ciudad, en contra de las políticas de las grandes ciudades europeas y de la UE (que aún nos puede sancionar por contaminación excesiva). Madrid desvía el presupuesto publico de las prioridades que reclaman las crisis sanitaria, social y ecológica.

Y, en la misma línea, aceleran las grandes actuaciones especulativas como la Operación Chamartin que requerirá fuerte inversión publica y no construirá edificios hasta dentro de cinco años, si llega a ponerse en marcha en la versión aprobada. Finalmente, la Comunidad quiere relanzar la insólita Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, y como motor de la misma, la Presidenta ha planteado una nueva ocurrencia, el súper hospital “pandémico”, que los especialistas consideran un disparate, máxime cuando lo que se necesita es reforzar el sistema sanitario publico existente desde sus bases.

En la agenda publica está la reconversión de la sociedad de los cuidados y los servicios públicos, fomentar una economía de transición ecológica y desarrollar los sistemas de movilidad sostenible: peatonales, ciclistas y transporte publico. Pero las administraciones madrileñas van en dirección contraria, y piensan mas en el ladrillo, el hormigón y el coche.