Gracias a la presión vecinal, el Ayuntamiento de Madrid incorporará el número de personas empadronadas en la Tarifa por Generación de la tasa de basuras, pero según la FRAVM no será suficiente. Por ello, ha presentado una batería de alegaciones a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para el año próximo

Después de varias semanas de campaña para denunciar el carácter injusto y poco progresivo de la actual tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, y de impulsar la presentación masiva de recursos de reposición, esta semana la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha registrado en el Consistorio un documento de alegaciones a la propuesta de ordenanza fiscal que la regulará en 2026.

Aunque la presión vecinal ha logrado avances relevantes respecto a la tasa de este año —como la incorporación del número de personas empadronadas en el cálculo de la Tarifa por Generación y las reducciones del 100 % para las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI)—, la tasa continúa siendo socialmente injusta, ambientalmente poco eficaz y fiscalmente desequilibrada, al mantener un diseño dominado por la parte fija y desligado de la capacidad económica real de los hogares.

La mayor parte de la recaudación sigue concentrándose en la Tarifa Básica (TB), ligada al valor catastral del inmueble, lo que representa alrededor del 80% del recibo, mientras que la Tarifa por Generación (TG) apenas constituye un 20%. Según la FRAVM, es imposible que se apliquen con rigor los principios de “quien contamina paga” y “quien más y peor genera, más debe contribuir”. Por ello, la federación propone reorientar “de forma gradual pero decidida” el modelo hacia un esquema en el que la TG vaya ganando peso frente a la TB: frente al 80-20 actual, pasar en 2026 a un 60–40 entre TB y TG, para llegar en el medio plazo a un 20–80.

En paralelo, la organización vecinal propone avanzar en mecanismos como bonificaciones en la Tarifa por Generación para hogares y comunidades que acrediten un uso habitual de puntos limpios y “reducciones para quienes participen en nodos de compostaje comunitario o en programas municipales de compostaje doméstico en huertos comunitarios, en coherencia con la jerarquía de residuos y la obligación legal de potenciar la valorización orgánica”.

Por otro lado, la nueva ordenanza mantiene la misma tabla de tramos de generación de residuos que en 2025, conservando un tramo muy amplio entre 200 y 500 kg/persona año y un tramo abierto a partir de 500 kg, sin mayor desagregación. Esto lleva a que un barrio que genera 210 kg pague prácticamente lo mismo que otro que genera 480 kg, lo que neutraliza cualquier incentivo real a la reducción. La FRAVM propone rediseñar los tramos “para que sean, a la vez, creíbles y exigentes, y que la ciudadanía perciba que cada mejora en la reducción de residuos tiene un reflejo tangible en la tasa”.

Propone también que se introduzcan coeficientes o bonificaciones generales por tramos de renta, de manera que las familias con ingresos más bajos vean reducida la TB y las de mayor capacidad económica soporten una parte proporcionalmente mayor del coste.

El criterio renta también debería introducirse en las bonificaciones a familias numerosas para evitar que el Ayuntamiento subvencione a hogares con ingresos altos o muy altos, dejando fuera a familias con rentas bajas que no cumplen ese requisito. Propone, así mismo, “abrir el foco de las ayudas hacia otros hogares vulnerables que hoy quedan fuera (personas mayores solas con pensiones bajas, familias monoparentales con ingresos muy ajustados, personas en situación de desempleo, etc.), integrando las bonificaciones en un esquema más amplio y coherente de protección social ligado a renta y situación real”.

Respecto a las Viviendas de Uso Turístico, el proyecto de ordenanza no introduce ningún cambio real respecto a 2025. Siguen sin ser consideradas establecimientos de hospedaje, a pesar de su impacto en la generación de residuos, que suele ser muy superior al de una vivienda habitual. Por ello, la FRAVM propone que se definan como “actividad de hospedaje”, y que se abra “ la puerta a una tasa turística o a recargos específicos ligados al turismo destinada en parte a cubrir costes de limpieza y residuos en las zonas más afectadas, reduciendo así la carga sobre la población residente”.

Una de las principales quejas de la FRAVM en los últimos meses es que la creación de la tasa no ha venido acompañada de una reducción equivalente del IBI. Las reducciones aplicadas en 2025 representaron menos del 15 % del importe de la tasa, lo que en la práctica supone un doble cobro del servicio y un aumento de la presión fiscal sobre las familias.