Uno de los principios fundamentales de las relaciones humanas y de cualquier sociedad es la solidaridad, es decir, la colaboración y ayuda entre todos sus miembros. Se podría expresar diciendo que en una sociedad solidaria todos los miembros aportan según sus recursos y todos perciben apoyo según sus necesidades.

El modelo de estado que surgió en Europa occidental después de la II Guerra Mundial estaba basado en la solidaridad. El estado estableció un sistema fiscal progresivo y se comprometió a impulsar unos servicios sociales extensivos a toda la población, sanidad y educación públicas desde la etapa primaria a la universitaria, un sistema de pensiones de jubilación y una legislación laboral que garantizaba la libertad sindical, la regulación de los salarios y las condiciones de trabajo a través de la negociación de convenios colectivos y una legislación que ofrecía una protección a los trabajadores de cualquier nivel.

Se inició un largo período de paz social  con un notable desarrollo económico durante muchos años sin ninguna crisis.  Algunos comentaristas incluso afirmaban que ya se habían superado las periódicas crisis del capitalismo.

En España también nos llegó esta concepción solidaria del estado aunque con bastante retraso y con menos profundidad, nunca se lograron los niveles de cooperación europeos.

A partir de la irrupción del neoliberalismo, la concreción actual del sistema capitalista, la concepción del estado cambió radicalmente, se abandonó el principio de solidaridad y se empezó el desmantelamiento progresivo de la sanidad, la educación públicas y de todas las prestaciones sociales.

Se alega ahora que el coste de la sanidad y la educación pública, de las prestaciones sociales, es muy elevado y el estado no puede asumir esta carga, que se ve obligado a hacer recortes presupuestarios. Incluso se dice que son una competencia desleal para la iniciativa privada.

La nueva ley de educación, la ley Wert, favorece a los más dotados y a los que disponen de más recursos económicos, margina a los demás. La regulación de la enseñanza universitaria excluye a los hijos de las familias con menor nivel económico, especialmente en los masters, imprescindibles para completar la formación profesional. Además, se favorece a las exclusivas universidades privadas que marcan una segregación de los estudiantes según sus medios económicos.

Se pone en cuestión el sistema de pensiones alegando que es deficitario y puede ir a la quiebra. Que el actual déficit presupuestario se debe a la significativa disminución de la población laboral por el paro y se potencian los fondos de pensiones privados.

En las relaciones laborales se ha cercenado el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva y se pone en cuestión el derecho a la huelga. Las duras sanciones impuestas a algunos huelguistas van en esta línea.

Además, se está haciendo un dumping laboral al importar productos manufacturados de bajo coste de países que se sabe que están haciendo una cruel explotación a sus trabajadores. Esta situación induce a la deslocalización de las empresas o a forzar una disminución salarial para poder competir, disminución salarial que los trabajadores se ven obligados a aceptar para no ir al paro.

El problema no es que nos encontremos con recortes presupuestaros en servicios esenciales que nos afectan en nuestra vida cotidiana, el problema es el cambio de modelo de estado en el que se renuncia a los valores de solidaridad y se priman los intereses económicos de los grandes grupos financieros y empresariales, cambio que se está realizando con el apoyo o, por lo menos, con la complicidad de los distintos gobiernos de España.