Este otoño el Gobierno ha irrumpido con gran actividad, ha logrado la aprobación de la Ley Wert y la reforma del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Se ha aprobado la Ley Wert de educación con el rechazo unánime de todo el cuerpo docente, de los alumnos, de los padres y las madres, de un amplio sector de la sociedad, de IU y del PSOE, de partidos de la oposición.

Está orientada a formar a los alumnos para el mercado laboral sin ningún espíritu crítico, sin fomentar que piensen por sí mismos y propicia una segregación del alumnado según los medios económicos de las familias o su identidad racial o religiosa.

Desmantela la Escuela Pública, elemento clave para la integración de la sociedad, y dificulta seriamente o impide el acceso de los universitarios con menos recursos económicos a los masters.

El Gobierno y sus adoctrinadas mentes pensantes alega que se ve obligado a reformar el sistema de pensiones de la Seguridad Social porque ahora nos da por vivir más años a pesar de los recortes de la sanidad pública.

La disminución de los ingresos de las arcas de la Seguridad Social en los últimos años se debe al elevado número de parados que no cotizan y que muchos de los que ahora trabajan tienen salarios muy bajos o tiene contratos a tiempo parcial con bajas cotizaciones.

Pero aquí hay un error conceptual, el pensionista no cobra porque ahora haya otro que está cotizando, cobra porque durante muchos años, 35 o más, se le retuvo una parte de su salario para sufragar en su día la pensión. Es un salario diferido, cobra de la hucha que fue haciendo durante muchos años.

La Ley de Seguridad Ciudadana que nos están preparando penaliza asistir a una manifestación para la que previamente no se ha pedido autorización, asistir a concentraciones frente a instituciones públicas, gravar imágenes de las fuerzas de seguridad, de la policía, en manifestaciones. La relación es prolija y las sanciones, las multas contempladas desorbitadas. Suerte que el Art. 21.1. de nuestra Constitución reconoce “el derecho de reunión pacífica y sin armas”. Incluso el Consejo de Europa (CE) considera esta ley “muy problemática”

Es el reflejo del temor del Gobierno a que no pueda controlar las protestas del movimiento ciudadano, de las mareas y las plataformas, de los sindicatos y de los partidos de la oposición. Las libertades y los derechos democráticos siempre han estado condicionados al control de la estabilidad del sistema.

Entre sus promesas el Gobierno nos anuncia una nueva regulación del derecho de huelga, derecho también recogido en el Art. 28.2 de la Constitución, regulación que significará más trabas y servicios mínimos abusivos para eliminar la presión de los trabajadores en sus luchas por defender unos derechos.

No recuerda que las manifestaciones y las huelgas son muy anteriores a cualquier regulación. Durante la dictadura franquista hubo muchas e importantes sin ninguna autorización.

Pero hay más, se prepara una revisión de la Ley de Relaciones Laborales y va a ser la tercera en pocos años, las últimas han sido la de 2010 de Rodríguez Zapatero y la de 2012 de Mariano Rajoy, de extremada dureza, desmanteló la capacidad de actuación de los Comités de empresa y los Sindicatos y desvirtuó los convenios. Las dos tuvieron una contestación con sendas huelgas generales.

Según el preámbulo de la Ley, la de 2012 tenía por objeto “facilitar la contratación, especialmente a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar la contratación indefinida frente a la temporal y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis”

Pero resulta que, según las encuesta EPA, el número de parados ha aumentado en unas 250.00 personas desde que se aprobó la Ley, que el paro juvenil alcanza el 57 % y que la inmensa mayoría de los nuevos contratos son temporales.

Y Gallardón ya tiene preparada la nueva ley de regulación del aborto para tranquilizar al sector más reaccionario de su partido y a la jerarquía Católica. Volvemos a tiempos pasados que ya creíamos superados.

El Gobierno todavía ha tenido tiempo para anunciar más recortes presupuestarios pero aún no ha podido averiguar si cortan las cuchillas de la alambrada de Melilla.