La posible privatización de la red de albergues de la Comunidad de Madrid ha generado un conflicto entre los trabajadores de los centros y el gobierno regional. La decisión -que afectaría a los albergues juveniles Los Batanes, Las Dehesas, El Escorial y Villa Castora- ha provocado el rechazo de los sindicatos. UGT y CSIT Unión Profesional creen que la medida supondrá un encarecimiento del servicio, pondrá en riesgo su función social y alterará las condiciones laborales de sus casi 150 trabajadores y trabajadoras.

UGT considera que no existen razones objetivas que avalen la externalización de la gestión de los centros, y que la privatización responde a una ideología que apuesta por reducir la gestión directa de servicios públicos. «Estamos convencidos de que no existen razones económicas para esta privatización», dice el sindicato en una nota de prensa. Además, asegura que este cambio de modelo provocará un incremento del gasto que deberá asumir la Comunidad de Madrid.

Otra de las principales preocupaciones de trabajadores y sindicatos es la pérdida de la función social que desempeñan los albergues juveniles. «La labor que hacen es esencial», afirma Begoña González, trabajadora del albergue juvenil Las Dehesas de Cercedilla desde 2014. Estos centros son espacios utilizados por centros educativos, asociaciones juveniles o colectivos de personas con discapacidad. «Vienen y hacen actividades medioambientales, conocen la sierra y realizan rutas», ha señalado.

González destaca el carácter inclusivo de estas instalaciones. «Vienen chavales de familias con más capacidad económica y también chavales con menos recursos», ha explicado. La trabajadora traslada que uno de los principales riesgos de una futura privatización es que los precios aumenten hasta expulsar a gran parte de los usuarios habituales. «Servimos como un desahogo a las familias. Los chavales pasan allí el fin de semana o las vacaciones y se da también un apoyo a sus familiares», ha destacado.

Begoña González recuerda que hace años se produjo una subida significativa de las tarifas que tuvo consecuencias sobre determinados colectivos. «Se duplicó el precio de los albergues y los grupos scouts que venían de viernes a domingo empezaron a reducir estancias y servicios». «La privatización supondría una subida del precio porque se convierte en un negocio». «Muchos grupos, asociaciones y jóvenes dejarían de utilizarlos. Sería simplemente como un hotel más en la sierra».

Los trabajadores también han cuestionado los argumentos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para la externalización de todos los albergues juveniles. González rechaza que existan problemas de demanda. “Estamos a tope de ocupación. Hay fines de semana que tenemos que decir que no a la gente porque estamos llenos», asegura. Además, según ha relatado Begoña, estos centros son económicamente viables. «Es un motivo político claramente», ha afirmado.

La medida también tendrá perjuicios importantes para las plantillas. Los cuatro albergues emplean aproximadamente a 150 trabajadores entre personal fijo e interino. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha trasladado que no habrá pérdida de empleo público porque los trabajadores serán reubicados en otros recursos de la Administración.

«Lo primero que queremos es que no cierren», ha resumido González. La trabajadora explica que muchos empleados eligieron estos destinos tras años de preparación y procesos selectivos. En su caso, vive a solo dos kilómetros de su centro de trabajo. Una reubicación podría obligarla a desplazarse diariamente decenas de kilómetros. «Aprobé una oposición y estudié muchísimo para conseguir una plaza que me permitiera trabajar cerca de mi casa. Ahora probablemente me mandarán a otro recurso completamente diferente», ha lamentado. A ello se suma la incertidumbre que afecta al personal interino, aproximadamente la mitad de la plantilla- cuyo futuro sigue sin estar claro.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales licitará la gestión de los cuatro centros situados en Cercedilla, San Lorenzo de El Escorial y Rascafría “para que los gestionen entidades especializadas del sector del ocio educativo y la hostelería. Una gestión más profesionalizada, flexible, con un refuerzo de las actividades y adaptada a las necesidades reales de unos centros con funcionamiento similar al de establecimientos turísticos”, han comentado.

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