La Fiscalía Provincial de Madrid ha interpuesto una denuncia ante los Tribunales de Instancia contra el agitador ultra Rubén Pulido y La Gaceta de la Iberosfera, el pseudomedio editado por la Fundación Disenso, el laboratorio de ideas de Vox presidido por Santiago Abascal, por un posible delito de odio contra el colectivo de personas migrantes. El traslado del caso a tribunales llega después de que  la Fiscalía abriera diligencias contra Pulido y La Gaceta  a raíz de la denuncia presentada por la asociación Acción Contra el Odio (ACO) el pasado mes de octubre. La investigación ha determinado la existencia de indicios del delito de odio contra la población de origen magrebí residente en nuestro país que la asociación documentó en la denuncia que ha impulsado el proceso.

El pasado 12 de septiembre, el portal de extrema derecha editado y financiado por el partido político Vox La Gaceta de la Iberosfera publicó una supuesta noticia firmada por su colaborador Rubén Pulido bajo el siguiente título: “El 90% de los delitos en San Sebastián los cometen inmigrantes de origen magrebí: Esta situación exige deportaciones rápidas”. En el cuerpo del texto,  el pseudomedio atribuía la información manipulada a “fuentes policiales consultadas” para justificar este dato engañoso y basado en una argumentación sesgada con el claro  objetivo de vincular delincuencia e inmigración.

Días más tarde, el autor del texto incidiría en esta criminalización de la población magrebí con la publicación en sus redes sociales de un documento titulado “Registro de detenidos presentados al juzgado por otros cuerpos policiales del Palacio de Justicia de San Sebastián”. Este post adjuntaba una lista de 29 nombres y apellidos de personas supuestamente detenidas entre los días 4 y 10 de agosto de 2025 junto al delito presuntamente cometido, el juzgado al que fueron conducidos y la situación personal en la que habían quedado tras la detención. Todos los nombres que conformaban esta lista eran de personas de origen magrebí.

Según argumenta el equipo jurídico de ACO en la denuncia que derivó en la apertura de diligencias y posterior traslado a tribunales por parte de la Fiscalía, esta práctica promueve de forma consciente la hostilidad frente a este colectivo y “pone en riesgo su dignidad e integridad física”, en lo que supone una posible vulneración de los derechos fundamentales de la población migrante, en concreto magrebí, recogido en el artículo 510 del Código Penal. Un precepto que castiga a quienes “públicamente inciten directa o indirectamente a la hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por motivos referentes a la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza u origen nacional”.

Tal y como apuntaba el escrito de la asociación, si bien este tipo de noticias falsas o manipuladas “no son delito en sí mismas”, sí pueden constituir un delito cuando la finalidad de las mismas es “el llamamiento al odio, discriminación o violencia contra grupos por motivos raciales, religiosos, sexuales”, tal y como hizo Pulido. Al igual que lo es la publicación en este contexto de los datos personales de estas personas para “menoscabar su dignidad” y “generar descrédito” sobre este colectivo.

La denuncia hace especial hincapié en que, pese a que la desinformación difundida por el agitador y el pseudomedio se presenta bajo la forma de artículo periodístico, no se trató en modo alguno de un ejercicio de libertad de comunicación de información veraz, ya que, además de “no haberse realizado siquiera el mínimo contraste exigido”, su finalidad esencial fue la de “comunicar un juicio de valor y unas creencias” que en ningún caso están enmarcadas en este derecho. Una intención totalmente ajena a la voluntad de informar que, sin embargo, sí buscaba una estigmatización del colectivo de personas migrantes y de origen magrebí residentes en nuestro país.