Los recursos que se presentaron han tenido una respuesta positiva. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado la nulidad de pleno derecho de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos, aunque el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrir.

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha tenido en cuenta los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la tasa del Ayuntamiento.

La resolución concluye que se produjo una «infracción sustancial» de las normas, al omitirse durante el trámite de información pública la parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa.

Añade que no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, documentos imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

La sentencia señala que el informe técnico-económico constituye una pieza esencial en el establecimiento de tasas municipales, al ser el instrumento que permite justificar tanto el coste del servicio como los criterios utilizados para la determinación de la cuota. Y que el mismo no puede limitarse a ofrecer datos numéricos o resultados finales, sino que debe contener una explicación razonada y completa de la metodología empleada.

La falta de publicación de los anexos -dice la sentencia- hizo que los ciudadanos no pudieran conocer los fundamentos técnicos de la ordenanza y cuestionar, en su caso, la corrección de los criterios utilizados. Esta situación generó una indefensión en los ciudadanos que constituye causa de nulidad de pleno derecho.

Aunque la sentencia no dice nada de las tasas pagadas y su devolución la FRAVM solicita al Ayuntamiento que actúe de oficio y las devuelva. «Si bien es cierto que se pueden discutir las consecuencias administrativas de una sentencia que aún no es firme, existe jurisprudencia que obliga a las administraciones a actuar bajo los principios de buena administración, eficiencia, legalidad, transparencia y defensa del interés general. Como ha establecido el Tribunal Supremo, no existe un derecho a no hacer nada por parte del Ayuntamiento de Madrid», dice la organización vecinal en un comunicado.

Insta al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a actuar de motu proprio e iniciar «la revisión de oficio de las tasas liquidadas y percibidas, y ponerse al servicio de la ciudadanía devolviendo dichas cuantías».

La FRAVM señala que la tasa era «injusta y poco progresiva» y cuestiona su eficacia como herramienta para fomentar la reducción de residuos, objetivo para la que había sido concebida.

Por todo ello, la organización reclama al equipo de Gobierno municipal que inicie la revisión de oficio de las cantidades cobradas y articule un sistema de devolución general de los importes abonados, sin necesidad de reclamaciones individuales por parte de los madrileños.