Es verdad que a las puertas del 8M del presente año la mejora en la situación de la pandemia era un dato objetivo en general, lo cual ha facilitado que en varios territorios se hayan podido celebrar manifestaciones o concentraciones controladas, cumpliendo las normas sanitarias en vigor. Pero es cierto también que la tónica europea ante los buenos augurios es la de la cautela, pues aún cabe temer una cuarta ola, que no solo sería tremenda en lo sanitario, sino que daría una auténtica puntilla a la maltrecha economía, después de tantos meses de deterioro.

Por eso el debate abierto sobre la celebración de la Semana Santa está siendo intenso, sobre todo en algunas comunidades, que desean iniciar la recuperación cuanto antes. Pero la nueva Ministra de Sanidad Carolina Darias no tiene dudas y propone un cierre total de todas las comunidades para evitar un repunte de los contagios con todas sus consecuencias sanitarias y, al fin, también económicas.

Mas la Comunidad de Madrid nuevamente actúa de ariete contra el gobierno central y anuncia que abrirá en Semana Santa para favorecer la actividad turística e impulsar la recuperación económica. De hecho, Madrid ya goza de un plus de apertura y de permisividad muy considerable ahora mismo. Sin embargo, los datos epidemiológicos en esta región son todavía muy negativos, los peores de todo el Estado, exceptuadas Ceuta y Melilla. Por ello, esa decisión unilateral no tiene soporte científico ni político.

Todo indica que es necesario esperar a que la pandemia ceda hasta un nivel inferior a los 50 contagios por cien mil habitantes para poder relajar las medidas de protección. Ello vendrá además acompañado por un avance significativo del proceso de vacunación dentro de la programación prevista, incluso la ministra Darias ha señalado que, a partir de abril, se va a disparar la provisión de dosis de las distintas vacunas, con lo que se va a poder garantizar alcanzar el 70 por ciento de vacunados para este verano. Ése sí será un momento clave para superar el rigor de las normas sanitarias.

Entre tanto, lo prudente es respetar las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud, como órgano competente para dictar las normas pertinentes durante el estado de alarma. No se trata de que obsesivamente haya que mantener las mismas normas en cada territorio, esto tiene coherencia cuando en efecto las circunstancias básicamente son semejantes. Pero ese Consejo sin duda facilitaría otra alternativa, si realmente hubiera condiciones muy diferentes, lo que no es el caso. Pero menos aún deben salirse de ese carril las comunidades que cuentan con los datos más elevados de contagios. Esa rebeldía de Madrid hay que tomarla ya como un verdadero despropósito político y la ciudadanía madrileña debe rechazarla con contundencia, pues está costando vidas y sobrecarga hospitalaria inaceptable para usuarios y personal sanitario, ya suficientemente castigado en el último año.

En medio de esta polémica, surge el 8M como celebración reivindicativa con un deseo legítimo de presencia pública de las mujeres en su Día Internacional. La diferente situación sanitaria ha permitido una casuística variada en los distintos territorios del Estado español. Así se han autorizado manifestaciones o concentraciones en algunas capitales, con medidas estrictas de seguridad para cumplir las normas sanitarias. Por ejemplo en Barcelona sí se ha podido celebrar una manifestación importante. Sin embargo, el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quizás condicionado por las denuncias del pasado año a su persona, ha optado por la prohibición total de todo tipo de actos en la calle en la jornada del 8M. Los grupos feministas han reaccionado con vigor y presentaron hasta 8 recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para echar abajo esta decisión. Pero la justicia ha sido inamovible y ha rechazado todos los recursos.

El descontento en el movimiento feminista ha sido muy evidente, parte porque en Madrid falta fuerza moral para prohibir de esta forma, cuando la realidad social está siendo tan laxa gracias a las autoridades regionales, (solo comprobar lo acaecido el domingo 7 antes del derbi, con los aficionados concentrados sin control a las puertas del estadio). Pero además, porque el 8M no puede ser el chivo expiatorio de las incoherencias de una comunidad descontrolada en sus medidas.

Por tanto, hubiera sido preferible hallar un punto de encuentro entre el derecho a la salud y a la manifestación para salvar esa colisión de derechos fundamentales. Algo posible con medidas estrictas, pero que no ahoguen la voluntad política del movimiento más determinante para el cambio social hoy.

Fdo.: Ricardo Gayol, Abogado

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