Residencias covid19

La situación de las residencias de ancianos, ha sido uno de los principales protagonistas en los medios de comunicación durante la crisis sanitaria del corona virus. A la vista de los fallecidos en esos centros, no es para menos. En Madrid, en la actualidad, solo hay 25 residencias públicas de las 426 residencias existentes. Desde que las multinacionales, constructoras y fondos buitre vieron que es un sector que mueve mucho dinero, y que su beneficio aumenta un 4% anual, se hicieron con ellas. Cuanto menor sean los sueldos y escaso el personal, del cual el 90% es mujer, más incrementan sus ganancias. La contrapartida es que los cuidados a los residentes no son los que estos requieren. Hace casi tres años ingresé a un familiar en una residencia privada y la administradora lo dejó bien claro: “Esto es un negocio y lo tienen que ver como tal, es una empresa privada y busca sus beneficios”. Entendí que se establecía un contrato de “depósito” entre el centro y el residente.

Es necesario revisar todos los puntos que conciernen a las residencias. Un geriátrico no es un hospital. Los primeros están para cuidar, los segundos para curar. Pero en la pandemia, muchos de los ancianos de las residencias no fueron ni cuidados ni curados. Casos de fallecidos que llevaban muertos en los geriátricos 24 horas sin ser recogidos por las funerarias, mayores con deficiencias de limpieza y alimentación, ha puesto la diana en un sector que cuando los medios de comunicación destacaban su situación, los políticos e instituciones miraban para otro lado.

Apenas ha habido cribado masivo en las residencias, el aislamiento en muchas de ellas no era posible por su tamaño, y se les alojaba en zonas de los centros no preparadas. La rápida propagación del virus en las residencias de ancianos les llevó a un aislamiento severo para evitar el riesgo, que ha impactado fuertemente en la situación emocional de los residentes y los que han superado el covid-19 han salido más vulnerables.

En el punto más álgido de la pandemia, el gobierno desbordado ante las noticias que llegaban de las residencias envió al ejército para desinfectar los centros y recabar información sobre los residentes.

Los ancianos no han sido tratados con el respeto y dignidad que merecen, que es el asunto prioritario cuando se llega a la vejez. El estigma de ser viejo en una residencia es una realidad.

La mayoría de los fallecidos por el coronavirus en los geriátricos murieron solos, sin tener a alguien próximo para despedirse en el momento definitivo de la vida. Abandonados a su agonía y a su dolor, sin cuidados paliativos, algunas residencias no disponían de ellos. El tránsito también fue especialmente duro para los familiares por la escasa información que recibían de los centros y por no poder acompañar a sus seres queridos en la etapa final de sus vidas. El personal de las residencias se vio sobrepasado y sin recursos, incrementando la desatención a los residentes.

Es hora de tomar decisiones para salir de la grave situación en la que se encuentran las residencias de mayores de la Comunidad. La Constitución Española garantiza el derecho a la sanidad universal sea cual sea la edad. Se entiende que los centros residenciales no tengan los medios de un hospital, pero en estas situaciones deben derivarse los ancianos a los hospitales, y ser admitidos por éstos, cualquiera que sea su edad o estado.

El País, del 9 de junio, informa que “la Consejería de Sanidad (PP) de la Comunidad de Madrid, envió a su Consejería de Políticas Sociales (Ciudadanos), los protocolos que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos con Covid-19, y de esta manera, evitar el colapso de la sanidad de Madrid. Protocolos que se enviaron a las 426 residencias de la Comunidad.”.

Los familiares de los fallecidos a quienes se les denegó la hospitalización opinan que la Comunidad de Madrid, sacrificó a sus familiares en beneficio de otros enfermos.

Según informa la agencia Europa Press, “los familiares de residentes han presentado la querella colectiva con 26 querellantes en los Juzgados de Plaza de Castilla”. El escrito va dirigido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, (PP) y al menos diez directores de residencias de la tercera edad “con fallecidos” o personas “mal atendidas durante esta pandemia”. Las denuncias también llegan desde el ámbito sindical. Otras querellas están en camino. Quizás, esta vez, los políticos tomen la situación de las residencias más en serio.

Será, por tanto, un juicio que desvelará la gestión y déficits de las residencias de mayores en la pandemia y las decisiones políticas que se han tomado en los últimos años, en los que ha habido una concentración de estos centros en empresas de capital riesgo y que ha llevado a que las residencias totalmente públicas representen un 5 por ciento del total.

Es necesario reorganizar los cuidados en las residencias. El modelo actual de los geriátricos de espaldas a lo público, toca a su fin. La Administración pública no puede desatenderse de los cuidados que desarrollan las empresas privadas. Deben crear un marco regulador: control de las residencias, exigencia de informes, inspecciones, ratios de personal sanitario, instalaciones adecuadas, salarios dignos de los trabajadores, planes de contingencia en los posibles rebrotes del coronavirus, etc..

No pueden primar los intereses económicos sobre los sociales. No será tarea fácil, habrá fuertes presiones. Si algo ha transcendido en esta crisis, es que lo que hasta ahora era una realidad invisible, ha aparecido con toda su crudeza. El trato que demos a los mayores expresa los valores de la sociedad. De no hacerlo las residencias, seguirán siendo los puntos negros de nuestra sociedad.

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