Es posible que cause sorpresa leer que en Prosperidad hay infravivienda y hacinamiento, por eso conviene conocer los resultados de un estudio realizado el año pasado por la Junta Municipal de Distrito a propuesta de la Asociación Vecinal Valle Inclán de Prosperidad. Y plantear la necesidad de una política pública de vivienda que aborde estos problemas.

En el barrio, según el censo de 2011 hay 30.210 viviendas de las que 1.710 son segundas viviendas o de temporada (5,7%) y 2.925 viviendas que están vacías (10%). De las 25.575 ocupadas por familias como residencia permanente, el 75% se ocupan en propiedad y el 25% en alquiler o cesión.

En cuanto a la habitabilidad de las viviendas, 135 tienen menos de 30 m2, y 2.130 de 30 a 45 m2. Además, el censo considera constructivamente deficientes unas 1.200 de las que 245 están alquiladas y 350 vacías.

Al comparar el tamaño de las viviendas y el número de personas que las habitan, resulta que hay hacinamiento severo (menos de 10 m2/pers.) en 305 casos y hacinamiento relativo (10-15 m2/pers.) en otros 1.515.

Para detectar los edificios con problemas de infravivienda se han manejado distintos criterios. Por un lado se han contabilizado los edificios de 4 alturas o más, sin ascensor ni posibilidad de instalarlo, que tienen viviendas con accesibilidad inadecuada. Por otro se han detectado las viviendas de menos de 20 m2 construidos, las viviendas bajo rasante y las viviendas sin ventilación o iluminación.

Los edificios en que se dan estos problemas están construidos mayoritariamente antes de la guerra o en la inmediata posguerra, aunque también hay algunos de las décadas de los 50 y 60. Se trata de: corralas normalmente de una o dos plantas, edificios con varias crujías con patios mínimos, edificios con añadidos en los patios en los que se localizan las infraviviendas y edificios más modernos con alguna vivienda sin tamaño y ventilación suficiente, ocasionalmente en sótanos, en bastantes casos destinados a porterías.

Al analizar los edificios siguiendo estos criterios, se han localizado 219 edificios con infravivienda, de los que 53 además carecen de ascensor. Asimismo se han contabilizado otros 188 edificios de 4 o más plantas sin ascensor que no tienen infravivienda.

Hacen falta soluciones.

Aunque este estudio es solo un diagnostico y no plantea soluciones, es evidente que la problemática de infravivienda y de hacinamiento, necesita una política que por un lado impulse la rehabilitación de las viviendas, o las sustituya en los casos extremos, y que por otro lado facilite el realojo a las personas que viven en hogares en situación de hacinamiento facilitándoles viviendas adecuadas a sus necesidades.

Hasta ahora, los propietarios, muchas veces tras una compraventa por algún inversor, han renovado la mayor parte de los edificios en los que la actuación inmobiliaria era rentable, en muchos casos dejando en la calle a los inquilinos si los había y subiendo los alquileres.

Ahora no hay solución plausible para estos problemas de vivienda sin una política pública, ya que los edificios que quedan por renovar o rehabilitar son en general los que suponen operaciones menos viables y difícilmente rentables, con viviendas a veces ocupadas por sus propietarios con recursos escasos para acometer las reformas, y otras veces arrendadas por propietarios a los que no les resulta rentable la rehabilitación, y mantienen inquilinos con condiciones inadecuadas de habitabilidad.

En estos edificios suele ser indispensable la iniciativa pública tanto en materia de gestión como de inversión, especialmente si se trata de algún edificio protegido, o si se quiere respetar en parte su estructura o fachada. Un buen ejemplo es la corrala de López de Hoyos 139 que se renovó en los noventa.

La vía para resolver el problema de alojamiento de estos hogares, por medio de la rehabilitación o renovación en los propios edificios, es pues difícil y larga, con necesidad de intervención pública; es más, a veces solo cabe el realojo temporal o definitivo en edificios cercanos.

Además, el Ayuntamiento tiene que desarrollar una política de vivienda pública que contribuya a dotar de una oferta de alquiler social, que podría tener resultados a corto plazo. Así como reclamar los instrumentos para una política municipal de regulación de alquileres. Políticas extensibles a otros grupos vulnerables que no encuentran alojamiento adecuado y asequible en el barrio.

Entre otras medidas el Ayuntamiento debe estudiar una política de intervención sobre el parque de viviendas vacías (2.925) y de uso temporal o secundario (1.710), reclamando los instrumentos necesarios a los gobiernos regional y estatal, como se viene proponiendo en varias ciudades y comunidades del país.

 

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