Días pasados tuvo lugar la tercera dimisión de la ex presidenta de Madrid, acorralada por los escándalos de corrupción del Canal de Isabel II, y abandonada por su partido. La sra. Aguirre, ha visto como sus manos izquierda y derecha en la Comunidad de Madrid, los señores Granados y González se encuentran en las cárceles de Estremera y Soto del Real, respectivamente, por gravísimos casos de corrupción. Nombramientos realizados por la ex lideresa que le salieron rana, en sus propias palabras, y que no son casos aislados sino que la charca apesta.
Todo empezó con el tamayazo, asunto todavía no suficientemente aclarado que llevó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003. Desde esa fecha hasta 2017, el PP de Madrid es un pantano de corrupción. El escándalo Gürtel estaba cuando la Sra. Aguirre tomó posesión de la Comunidad y la trama Púnica se organizó bajo su Gobierno.
El último epicentro de la corrupción del PP de Madrid, es el Canal de Isabel II donde se creó una trama operativa de paraísos fiscales y territorios de baja tributación en Panamá, Suiza, Liechtenstein, Islas Vírgenes, Uruguay, Holanda, Reino Unido y EEUU. El Juez Velasco indaga desvío de fondos a los mencionados países, compras infladas, como Inassa y Emissao, en las que se han dilapidado más de 70 M € de las arcas públicas pertenecientes a los madrileños; adjudicaciones dudosas como la construcción del campo de golf del Canal a Pablo González, hermano de Ignacio González; pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití.
De momento hay 40 personas imputadas, del ámbito político, con Ignacio González a la cabeza; empresarial como OHL, Licuas, Indra, etc. y de la dirección de la empresa como su ex director general Adrián Martín, su anterior directora financiera María Teresa Richmond y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de la filial Interamericana de Aguas y Servicios. Se les acusa de supuestos delitos gravísimos como prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación, corrupción en los negocios y un largo etc.
Como la trama del Canal es alargada, existe otra línea de investigación del juez Velasco, como las comisiones en la construcción de los Teatros del Canal, en la que se señala que podría haberlas cobrado el ex director gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009.
La corrupción del Canal le ha estallado al PP de Madrid, con la llamada operación Lezo. El PP ha tratado de esconderla segando determinadas cabezas a modo de cortafuegos. Cuando esto no ha sido suficiente ha utilizado las instituciones del Estado: Fiscalía y echa mano de tramas policiales y periodísticas. No es cuestión de unas manzanas podridas que hayan abusado de la confianza del partido, como les gusta decir, sino que ha sido el modus operandi del PP para financiarse.
Y todo ello ocurría en los años de recortes severos, por parte de la Comunidad de Madrid en manos del PP en Sanidad, Educación, Dependencia, con miles de desahucios por impagos de sus hipotecas, aumento de la pobreza, precarización en el trabajo y con miles de madrileños y madrileñas que han visto disminuir su poder adquisitivo.
Ante la corrupción generada por políticos del Partido Popular, la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II (PCPCII), de la que forma parte la FRAVM, "reivindica la depuración de responsabilidades políticas y sociales y la implantación en la empresa pública de un modelo de gestión no lucrativa, transparente, participativa, con rendición de cuentas y democrática y que se anulen los decretos de privatización del Canal". A la petición de la PCPCII, se han sumado 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales de la región.
El agua es un bien que las Naciones Unidas, desde 2010, reconoce como un derecho humano, y exhorta a las administraciones públicas a su desarrollo, para un suministro limpio y asequible. ¡Con el agua no se juega!