El año 2012 ha sido duro en recortes y derechos para la ciudadanía. El último es la llamada Ley de Tasas Judiciales del Ministro de Justicia Sr. Ruiz Gallardón, que establece unos pagos a la hora de litigar. Por poner unos ejemplos: La tasa para la demanda de divorcio es de 300 euros. Para multas de 100 euros la cuantía es de 200 euros. Las denuncias contra el banco por preferentes 940 euros. Interponer un recurso de casación en lo Civil o en lo Contencioso-Administrativo, se eleva a 1.200 euros. La reclamación de cantidad es el 0,5% de la cantidad que se pida.
El Ministro nos dice, que las tasas son necesarias porque, en su opinión, en este país se pleitea alegremente. Pero las nuevas tasas van a establecer una justicia de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres. Esta ley además de ser disuasoria en el supuesto menos malo, va a imposibilitar a muchas personas el derecho a la justicia, tanto es así que los profesionales de la judicatura se plantean la inconstitucionalidad de la ley por la vulneración al derecho a la tutela efectiva, recogido en el Art. 24 de la Constitución Española y también por la conculcación del principio de proporcionalidad, que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se basa en la necesidad e idoneidad de la medida. Con la aplicación de estas medidas los derechos citados quedan debilitados o desaparecen.
Conviene recordar que la ley de tasas fue aprobada exclusivamente por el Partido Popular el día siguiente de la huelga general del 14 de noviembre. A los pocos días el Sr. Ruiz Gallardón declaró que: “Gobernar a veces es repartir dolor”, haciendo mención a los esfuerzos económicos que está pidiendo a los ciudadanos para salir de la crisis. Pero los esfuerzos siempre caen del mismo lado, de las clases medias y populares; con especial daño a los más vulnerables, a los que menos tienen, a los más indefensos. Sin embargo el reparto de beneficios y riqueza siempre va a parar a los de siempre, a los que no se privan, a los que les toca el mejor trozo del pastel, o toda la tarta, incluso en esta época de duros recortes económicos.
La tasa ha sido aprobada a golpe de decreto, sin consensuarla, lo que ha llevado a un enfrentamiento entre el ejecutivo y el poder judicial, y ha conseguido lo que parecía imposible, poner de acuerdo a asociaciones de jueces y fiscales, a la abogacía, sindicatos, organizaciones de consumidores y usuarios, secretarios judiciales y todos los partidos excepto el PP, en contra de las tasas judiciales del Sr. Gallardón.
Hace años existía una frase que decía: “Reclama al maestro armero”, dando entrever algo así como “a mí que me cuentas”, rechazando las quejas de difícil solución. Parafraseando lo anterior y con la justicia a dos velocidades que imponen las tasas del Ministro de Justicia, podemos decir “reclama al maestro Gallardón”, ya que con este copago judicial es difícil pleitear para obtener una solución por parte de la justicia.
Pero los planes de reforma de la justicia de Gallardón no quedan ahí, también propone la Reforma Integral de Registros Civiles. En la marea de privatizaciones del actual ejecutivo, la que se nos avecina en el recién estrenado 2013 es la de los Registros Civiles donde tendremos que pagar una tarifa por los servicios que realicen y que hasta ahora eran gratuitos. Son insaciables.